Así están los GNB implicados en asesinatos de manifestantes

Andrés Colmenarez, representante de la ONG Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), expresó que no se cansarán de reivindicar el derecho ciudadano de exigir justicia, libertad y respeto a los Derechos Humanos. En su registro contabilizan 22 muertes en el estado Lara durante el año 2017, en el marco de las protestas.

“La cifra es distinta a otras organizaciones o medios, porque nosotros incluimos a un motorizado que chocó con una barricada y a una señora que le dio un infarto cuando transitaba en medio de un fuego cruzado, durante una manifestación”, explicó durante el foro Transformando el dolor en justicia, realizado en el Colegio de Abogados de Barquisimeto.

Suman más de 600 detenciones arbitrarias, de quienes aún se encuentran 28 privados de libertad en el Destacamento Alí Primera de la Guardia Nacional (GN) y en dos sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

“Existen siete personas que están en la fase final del juicio, quienes están imputadas como responsables de los asesinatos, sin embargo, la impunidad impera. Por ejemplo, hay 20 Guardias Nacionales prófugos: 14 solicitados por la muerte de Antonio Canelón, 2 por el asesinato de José Miguel Colmenarez y 4 por el caso de Manuel Sosa. Después de que se venzan los lapsos correspondientes de las investigaciones, podrían quedar en libertad por la incompetencia del Ministerio Público”, detalló.
Justicia por Geraldine Moreno

Tres años y ocho meses han pasado desde aquel 22 de febrero de 2014, cuando Rosa Orozco recibió la noticia de que su hija, Geraldine Moreno, había muerto a consecuencia de un disparo que recibió a quemarropa en su cara tres días antes, a pocos metros de su casa, en un hecho registrado durante una protesta en contra del Gobierno nacional, en el estado Carabobo.

Después de una larga investigación, dos guardias nacionales fueron sentenciados: uno por haberle disparado en el rostro y el otro por accionar sus armas en contra del cuerpo de Geraldine.

“Todavía quedan 21 guardias más que estaban allí, además de la cadena de mando ¿A quienes obedecían órdenes? En ese año, Carmen Meléndez, que ahora es gobernadora del estado Lara, era Ministra de la Defensa. Todos deben ser sancionados por cometer delitos de lesa humanidad”, dijo Rosa Orozco durante su participación. Afirmó haber perdonado a quienes asesinaron a su hija, sin embargo, aclaró que el perdón no significa que renunciará a la justicia.

Sobre la crisis actual recordó que “sin políticos no hay democracia”, pero “sin sociedad civil, no hay políticos”, al valorar la importancia de denunciar y alzar la voz en contra de las injusticias que se observan a diario.

“Quieren cambiar la versión”

Con lágrimas en sus ojos, Damary Avendaño, madre de Nelson Arévalo, quien murió el 16 de junio de 2017 durante las protestas realizadas en los alrededores de la urbanización Club Hípico Las Trinitarias, saca fuerzas para hablar de su hijo y para mantenerse en pie.

“Aprendí a contar hasta cuatro, no hasta tres (al referirse a los hijos que tuvo). Apagaron su voz, pero nacieron muchas más”, expresó.

Manifestó que fue contactada por la Comisión de la Verdad creada por el Gobierno nacional, a quienes mostró fotografías y el acta de defunción de su hijo, donde dice que murió por una herida con arma de fuego.

“Me dijeron que esa era mi verdad… Ha sido muy fuerte, mi hijo fue velado con la urna abierta, todos pudieron ver su herida, pero aún así hubo tuits irresponsables que decían: murió a consecuencia de una explosión de un mortero”, contó Avendaño.

Narró que incluso amigos y familiares se alejaron, y ni siquiera se acercaron al velorio de Nelson, solo por pensar distinto.
Audiencias suspendidas

Yanet Angulo era juez internacional de canotaje, fue selección de natación y baloncesto del estado Lara, tenía 56 años, y aunque estaba jubilada daba clases en instituciones de educación primaria en la ciudad de El Tocuyo, capital del municipio Morán, en el estado Lara.

Una bala en la cabeza acabó con su vida el 11 de julio de 2017. Venía de una reunión cristiana, aproximadamente a las 10.30 de la noche, cuando llegó a su casa en la urbanización privada Villa Colonial.

“Éramos 12 hermanos, uno murió por cáncer, y ahora Yanet. Ella era un ser muy valioso, dedicó toda su vida al deporte, no tuvo hijos… Supuestamente el funcionario que le disparó está retenido, pero no sabemos donde, en Barquisimeto no está, y las audiencias han sido suspendidas sin darnos ninguna razón”, cuenta María Angulo, quien pide justicia por el asesinato de su hermana.

Dijo que la profesora Yanet Angulo recibió el disparo cuando abría el portón de su vivienda para ofrecer resguardo a una vecina y su hija, quienes escapaban de “la arremetida de la Guardia Nacional y los policías”.

“Disparaban y lanzaban bombas lacrimógenas a la urbanización, supuestamente dispersando una protesta que estaba a tres cuadras de ese lugar… es una pérdida que nunca se va a recuperar, pero pido que su muerte no quede impune”, suplicó María Angulo.

Por el alcalde Alfredo Ramos

Miembros del movimiento Alfredo Resiste, quisieron estar presente en la actividad promovida por la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, encabezada por Rosa Orozco.

“Nuestro objetivo no es solo defender los derechos humanos del alcalde legítimo Alfredo Ramos, sino de todos estos ciudadanos que han quedado en el anonimato, quienes aún se encuentran presos por pensar distinto. Bien lo ha dicho nuestro alcalde, con él están otros 200 presos de conciencia, cifra que se suma a quienes aún están detenidos en el estado Lara”, dijo Charlie Virgüez.

Sobre lo informado por Carmen de Ramos, esposa del alcalde, las visitas familiares se han regularizado y han podido entregar el tratamiento que amerita para su hipertensión arterial.

“La lucha por la garantía de los Derechos Humanos nos compete a todos”, insistió Virgüez.

Fuente EP Mundo El Pitazo