Conoce la exuberante suma de dinero que pagarán estos narcotraficantes

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma juzga esta próxima semana a una banda de 18 personas acusadas de tráfico de hachís en Mallorca, para las que la Fiscalía pide penas que suman 129 años de prisión y el pago de multas por valor global 18 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) prevé que este juicio que comienza mañana, lunes, se prolongue a lo largo de la semana.

La Fiscalía considera que los acusados, todos varones, se pusieron de común acuerdo para la venta y distribución de hachís en Mallorca, al menos desde junio de 2010 hasta enero de 2011.

Se trataba de un «colectivo perfectamente organizado que durante varios años se dedicó a dicha finalidad ilícita en la isla de Mallorca», asegura la acusación pública en su escrito.

La mayor parte de la mercancía era suministrada desde el sur de la Península, principalmente desde Málaga, y la principal vía para introducir la droga en Mallorca era a través de Barcelona, bien mediante envíos postales o en camiones de transporte.

En uno de los decomisos efectuados, las Fuerzas de Seguridad del Estado interceptaron 92 kilogramos de hachís en un camión que había embarcado en un ferry con trayecto Barcelona-Palma. El valor en el mercado de esta cantidad ascendía a más de 130.000 euros.

Los presuntos traficantes velaban porque la droga fuera de gran calidad y devolvían a su origen el hachís que no lo era.

En otra ocasión, la Guardia Civil detuvo a tres miembros de la banda en Palma cuando esperaban la mercancía en una oficina de una empresa de mensajería. En esta ocasión fueron interceptados 88,5 kilos de cannabis con valor en el mercado de 131.716 euros.

Además de Barcelona, también emplearon una empresa de transportes de la localidad castellonense de Onda, donde los agentes descubrieron 138,9 kilogramos, cuyo valor superaba los 200.000 euros.

Los hechos que se juzgarán son constitutivos de delitos contra la salud pública y de usurpación de funciones públicas, en este último caso porque uno de los acusados, para seguir el rastro de un envío, se hizo pasar por guardia civil para conseguir información de una empresa de mensajería.

Fuente EP Mundo Última Hora