La Constituyente y la Fiscal por José Guerra

El Gobierno se lanzó a la aventura de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que viola todos los preceptos legales. Comenzando por una convocatoria que no apela al pueblo sino a la voluntad del presidente Maduro. La ley es muy clara al establecer que un proceso constituyente debe ser convocado por el pueblo mediante un referendo. Igualmente, y tal vez lo más grave es el hecho que la nueva Constitución que emanaría de ese proceso tampoco va ser sometido a la consulta popular. Es decir, unos burócratas asumen todo el poder dejando al pueblo como su súbdito. Ese llamado a una Constituyente apresurada ha motivado una serie de contradicciones en el seno del partido de Gobierno y sus aliados quienes con toda razón han cuestionado ese adefesio. La Constituyente en lugar de unir ha dividido. Inclusive unos profesores españoles de la Universidad de Valencia, quienes participaron con Chávez en la Constituyente de 1999, hoy cuestionan lo que se pretende hacer en 2017. Literalmente todos los sectores sociales del país se oponen a esta Constituyente porque ven en ella no un instrumento de cambio sino un mecanismo para perpetuarse en el poder.

Lo que han dicho de la Constituyente sus principales voceros carece de cualquier sentido. Unos dicen que es para lograr la paz, cuando es todo lo contrario. Otros, como Escarrá plantean que se trata de cambios menores y los más osados argumentan que es para diversificar la economía y superar el rentismo, como si esto fuese un simple deseo o un mero asunto legal. Lo cierto de todo es que convocar a una Constituyente lejos de moderar la crisis política la ha agravado porque un gobierno con la popularidad en el piso debe buscar el mayor acuerdo que sea posible y no exacerbar la confrontación.

En medio de toda esta turbulencia aparece la figura de Luisa Ortega Diaz, Fiscal General, quien en una carta magistral desmontó jurídica y políticamente la Constituyente cor los argumentos antes expuestos, en el sentido que ahonda la división política y además porque no hace falta, debido a que la Constitución vigente es lo suficientemente flexible para ayudar a resolver los problemas que hoy confronta el país. Ha sido muy enfática la fiscal Ortega Diaz en la defensa de los derechos humanos y en la condena a la arbitrariedad de los cuerpos policiales en el control del orden en las manifestaciones. El uso de sustancias prohibidas, el abuso cuando se golpea a un ciudadano indefenso y lo peor de todo, al introducir objetos metálicos o de vidrios en el armamento con el propósito de causar daño a las personas. Por todo esto es que el Gobierno la ha emprendido contra la fiscal Ortega Diaz, y la quiere destituir.

Fuente EP Mundo José Guerra