La jugada de Santi Vila que evitó que pidan arrestarlo

El ex conseller Santi Vila ha hecho un movimiento para desmarcarse del resto de ex miembros del Govern de su partido, PDeCAT, querellados por rebelión y citados para este jueves por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Vila ha optado por elegir como abogado al penalista Pau Molins y descarta al letrado por el que han optado el resto de miembros de su partido citados en la Audiencia Nacional, Carles Puigdemont incluido.
Mientras que los demás ex consellers provenientes del PDeCAT han elegido a Jaime Alonso Cuevillas, Vila ha elegido llevar una defensa independiente con un despacho ajeno al optado por el ex presidente. Los de ERC, por su parte, llevan a un tercer defensor.

Según fuentes jurídicas, el ex conseller de Economía tiene el camino judicial más despejado que el resto.

La principal razón es que el día antes de que el Parlament aprobara la declaración de independencia promovida por varios partidos, entre ellos el suyo, anunció su dimisión.

“Dimito. Mis intentos de diálogo de nuevo han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al president Carles Puigdemont y a los catalanes”, tuiteó el jueves pasado. Vila había expresado internamente su posición contraria a la DUI y su apuesta por la convocatoria de unas elecciones autonómicas.

Una dimisión a tiempo

Esta dimisión ante la negativa de una declaración de independencia promovida por el Govern no es ajena a la Fiscalía. Aunque Vila forma parte de los 14 querellados ante la Audiencia Nacional por un delito de rebelión, el Ministerio Público baraja la opción de no solicitar su ingreso en prisión, como sí lo haría con el resto.

“Dimito. Mis intentos de diálogo de nuevo han fracasado. Espero haber sido útil hasta el último minuto al president Carles Puigdemont y a los catalanes”

La opción de elegir a Molins -abogado que defendió a la infanta Cristina de Borbón en el ‘caso Nóos’, del que finalmente quedó absuelta- le ayuda a desmarcarse de la línea de defensa del resto de consellers, que tildan la investigación como un “proceso político”.

En la propia querella presentada por el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se recoge cómo después de que el Consejo de Ministros aprobara aplicar el artículo 155 de la Constitución, Puigdemont realizó una declaración institucional en la que afirmó: “los representantes de la soberanía ciudadana debatiremos y decidiremos en el Parlament sobre el intento de liquidar nuestra democracia”.

Fiscalía lo tendrá en cuenta

Así, dos días después, el día 23 de octubre de 2017, a petición de los grupos parlamentarios Junts pel Sí y CUP, la Mesa del Parlament admitió a trámite el debate general sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña y sus posibles efectos, siendo incluido, como único punto del día, en la sesión del Pleno del día 26 de octubre de 2017.

”El mismo día 26 de octubre, Santiago Vila i Vicente, conseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat desde julio 2017, ‘vistos los acontecimientos recientes y las decisiones que el president Puigdemont se verá obligado a tomar en las próximas horas’, presentó su renuncia al cargo explicando sus motivos en su cuenta personal de Twitter al señalar “’mis intentos de diálogo nuevamente han fracasado’”.

Fuente EP Mundo MSN