Pedirán prisión para todo el clan secesionista excepto uno ¿Quién es?

Para todos menos uno. La Fiscalía planea pedir prisión para 19 de los 20 acusados en las causas por rebelión, sedición, malversación y otros delitos que deben declarar a partir de este jueves ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Reclamará a los jueces encargados de las causas que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ingresen en la cárcel de forma provisional.

Y no solo ellos, ya que también prevé lanzar la misma solicitud para el resto de miembros del Govern y de la Mesa de la cámara autonómica cuya cooperación para declarar la independencia consideran imprescindible, informan a El Confidencial fuentes jurídicas.

Sólo quedará fuera Santiago Vila, que dimitió antes de la DUI y para el que se reclaman medidas cautelares menos graves.

Los acontecimientos se han desarrollado con una extraordinaria celeridad. Menos de una semana después de que la cúpula de la Generalitat hiciera oficial la ruptura con España, los dos magistrados encargados de las causas abiertas, Carmen Lamela en la Audiencia Nacional y Pablo Llarena en el Supremo, han fijado las comparecencias para determinar la situación de los imputados por uno de los delitos más graves del Código Penal, que lleva aparejadas penas de hasta 30 años.

En una acción coordinada, los instructores han fijado para mañana jueves y el viernes los interrogatorios de los detenidos. Y como ya anticipaba el contenido de las querellas del Ministerio Público, el departamento dirigido por José Manuel Maza prevé ir a por todas y solicitar las cautelares más duras:encarcelamiento sin fianza a la espera de que la instrucción avance y las circunstancias cambien. Todos ellos son responsables de “una de las mayores crisis institucionales” de la historia de España, dijo Maza en su breve comparecencia para anticipar su actuación.

La situación de los acusados ha empeorado en las últimas horas tras la salida de Puigdemont de España, que convierte en una realidad tangible el riesgo de fuga sobre el que suelen sustentarse las peticiones de cárcel. La citación se produce con Puigdemont en Bruselas donde, según ha adelantado en rueda de prensa, prevé quedarse a la espera de “garantías” de un juicio justo. Le acompañan varios de sus consellers y aunque ha asegurado que no pretende pedir asilo, parece poco probable que responda a la citación judicial.

“Existen factores para determinar la necesidad de adoptar medidas cautelares de carácter real” ante la “gravedad y complejidad de los hechos aparentemente delictivos en este proceso”, reflejaba Lamela en el auto en el que se declara competente en el que, tal y como expone la Fiscalía en su querella, asegura que el plan se remonta al 9 de noviembre de 2015, cuando arrancó el camino independentista en el Parlament.

Tanto ella como el juez Llarena, veterano magistrado que ha desarrollado gran parte de su carrera en Cataluña, insertan a los investigados en el engranaje de un plan estratégico pretederminado, dirigido por no sólo por ellos sino también por los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

Su encarcelamiento hace 15 días sienta, además, un precedente evidente, más aún cuando los dos ‘Jordis’ están acusados del delito en menor grado, el de sedición.

Este antecedente ya da una pista clara sobre cuál puede ser la decisión de Lamela en el caso de Puigdemont y su Govern y lo mismo sucede en el caso de Forcadell que, además, dirigió la ANC antes de ser nombrada para el cargo del que ahora ha sido descabalgada, apuntan las fuentes consultadas. Habrá que esperar, no obstante, a que los magistrados escuchen a los acusados y decidan, a la vista de la petición fiscal, si les privan de libertad. Si Llarena ordena cárcel, será la primera vez que el TS lo haga en la fase de instrucción.

Orden de detención si no acuden

El escenario se complica aún más con Puigdemont refugiado en Bélgica. Si el expresiden se inclina por declararse en rebeldía, la Justicia lanzará una orden internacional de detención en su contra. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) debe especificar el delito y las autoridades belgas deben decidir a la vista de la solicitud si la atienden o no y, lo que es más importante, si lo hacen por lo ilícitos penales por lo que se le reclama o los limitan.

A pesar de que Bélgica no se caracteriza por su colaboración en este tipo de entregas, la fructífera cooperación en materia de terrorismo abierta desde los atentados yihadistas hace confiar al Ejecutivo español en que no plantearán dificultades en este caso. Si Puigdemont se opone a la extradición, los trámites pueden alargarse hasta tres meses, destacan estas fuentes.

Fuente EP Mundo El Confidencial