Pendiente, gobierno federal le pone el ojo a la droga recreativa

El secretario de Justicia Jeff Sessions dejó entrever el miércoles que el Departamento de Justicia pudiera tomar una postura más dura con la marihuana con fines recreativos en el futuro cercano, un cambio de política que tendría consecuencias significativas para los cinco estados y el Distrito de Columba que autorizan la droga para propósitos adicionales a los medicinales.

California tiene planeado sumarse al grupo el 1 de enero.

Sessions y otros altos funcionarios del Departamento de Justicia han indicado previamente que continuarían la política trazada por esa entidad durante la presidencia de Barack Obama, que en esencia permite a los estados determinar cómo quieren tratar la droga mientras se cumplan ciertas normas, como mantener la marihuana lejos de las manos de los menores, impedir que llegue a estados donde su uso no es legal y prevenir la conducción de vehículos bajo su efecto.

Sin embargo, la marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal, y siempre existió la posibilidad de que el gobierno del presidente Donald Trump lanzara una ofensiva.

“De hecho, estamos estudiando el asunto ahora mismo, tuvimos una reunión ayer y hablamos de eso”, dijo Sessions en una conferencia de prensa el miércoles.“Mi opinión es que el uso de la marihuana es negativo y no debemos alentarlo de ninguna manera, y representa una infracción federal, algo que está en las leyes y sujeto a medidas de cumplimiento”.

“Estamos trabajando en una política racional, pero no quiero sugerir de ninguna manera que este departamento tiene la opinión de que la marihuana es inofensiva y que la gente no debe evitarla”, dijo el secretario de Justicia, quien agregó que su despacho también estada estudiando cómo lidiar con los opioides y otras drogas.

Medidas inmediatas

Para enero del 2018, la marihuana con fines recreativos será legan en Alaska, California, Colorado, el Distrito de Columbia, Nevada, Oregon y el estado de Washington. Debe legalizarse en Massachusetts en julio. En algunas de esas jurisdicciones la marihuana se ha convertido en una industria significativa.

En Colorado, por ejemplo, las ventas de marihuana en el 2016 sales ascendieron a $1,300 millones y significaron al estado $200 millones adicionales por concepto de impuestos.

Funcionarios de California se muestran completamente renuentes a especular sobre los problemas jurídicos que el gobierno federal pudiera crear para su dinámico mercado de marihuana.

“Es entendible que los que invierten dinero en sus negocios estén preocupados, pero al Oficina ha estado centrado dejarlo todo listo para el 1 de enero, de manera que no podemos ocuparnos de los que pudiera pasar”, escribió en un correo electrónico Alex Traverso, director de comunicaciones de la Oficina de Control de Marihuana, a la que se ha encomendado implementar la nueva ley estatal.

El tesorero estatal John Chiang ha trabajado para tratar de aliviar una gran preocupación para los vendedores de marihuana, creada por el choque de las leyes federal y estatales: acceso a los servicios bancarios. La mayoría de los negocios de marihuana tienen que operar con efectivo porque los bancos no quieren correr el riesgo de crearles cuentas.

Eso, a su vez, convierte la industria en un objetivo de la delincuencia, lo que dificulta cobrar impuestos y causa problemas para diferenciar las ventas legales de las ilegales de marihuana.

Algunos habían esperando que el Congreso tomara medidas para legalizar la marihuana, pero eso no parece posible por el momento. El senador Cory Booker, demócrata por Nueva Jersey, presentó en agosto un proyecto de ley para legalizar la marihuana a nivel estatal. La medida no tiene copatrocinadores y no se ha aprobado en ninguna comisión.

La marihuana se irá

Pero los comentarios de Sessions el miércoles sugieren un cambio en comparación con declaraciones recientes.

“Nuestra política es la misma, fundamentalmente la política Holder-Lynch, en que la ley federal sigue en vigor y los estados pueden legalizar la marihuana para propósitos policiales, pero sigue siendo ilegal según la ley federal”, dijo Sessions en un testimonio ante la Comisión Judicial de la Cámara en noviembre, refiriéndose a los secretarios de Justicia Eric Holder y Loretta Lynch de la presidencia de Obama.

Beau Kilmer, codirector del Centro de Investigación sobre Políticas de Drogas de la organización RAND, dijo que “muy difícil” para el Departamento de Justicia cerrar ahora las industrias estatales de marihuana para uso recreativo. La DEA tiene unos 7,000 agentes en Estados Unidos, en su mayoría trabajando en la crisis de los opioides, dijo Kilmer.

Pero Sessions pudiera tomar medidas para enviar un mensaje a los principales participantes en el mercado, o incluso modificar ese mercado, como tomando medidas contra los que venden marihuana de gran potencia o hacen publicidad de su negocios.

“Eso tendría un gran efecto negativo”, dijo Kilmer.

Fuente EP Mundo El Nuevo Herald