Rebelión catalana: Mira quién sale bajo fianza y quién queda preso

El Tribunal Supremo ha acordado este lunes mantener en prisión provisional sin posibilidad de fianza al ex vicepresidente del GovernOriol Junqueras, al ex conseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC yÓmnium,Jordi Sànchez yJordi Cuixart. El magistrado Pablo Llarena ha tomado esta decisión al considerar que los cuatro están “directamente” vinculados con la actividad “violenta” del delito de rebelión.

Dictan prisión provisional sin posibilidad de fianza al ex vicepresidente del Govern Oriol Junqueras, al ex conseller de Interior Joaquim Forn y a los líderes de ANC yÓmnium,Jordi Sànchez yJordi Cuixart. .

Los otros seis ex consejeros en prisión ( (Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs) podrán quedar en libertad si presentan una fianza de 100.000 euros cada uno. Una vez libres, tendrán que comparecer semanalmente ante un juzgado, se les retirará el pasaporte y no podrán abandonar el país sin autorización del juez.

Tanto la Fiscalía como Vox -que ejerce la acusación popular- habían pedido al juez que también ellos siguieran en prisión. El abogado de la formación política, Javier Ortega, ya ha anunciado que recurrirá la decisión de autorizar las libertades bajo fianza. “Recurriremos la libertad con fianza del resto por posibilidad de reiteración delictiva, destrucción de pruebas y riesgo de fuga”, ha declarado el letrado a las puertas del Supremo.

Llarena relaciona directamente a los cuatro investigados que seguirán en prisión con los episodios de “explosión violenta” que a su juicio se han producido en el proceso de independencia. Afirma que las actividades de Junqueras, Forn, Sànchez y Cuixart “están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”, algo que en su opinión exige que sigan en prisión.

“El riesgo de reiteración de sus conductas impone a este instructor un mayor grado de rigor y cautela a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.

Según el magistrado, “son diversos los datos de la investigación que vinculan una aportación de estos encausados directamente vinculada con el ejercicio de la violencia”. Se refiere particularmente al documento clave incautado por los investigadores, denominado Enfocats, que refleja la estrategia de actuación de los imputados para conseguir la independencia. Ese documento reflejaba “la existencia de un grupo de individuos (Comité Estratégico) que han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos […] , que son los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión o de sedición que se investigan”.

El juez da especial relevancia al asedio de la sede de la Consejería de Economía del pasado septiembre, cuando la Guardia Civil realizó los registros ordenados por un juez de Barcelona. Sobre ese episodio, el juez señala que los líderes de ANC y Òmnium habrían dirigido la actuación de la multitud, llegando a “modular” la intensidad de los actos de violencia que se produjeron en unos sucesos sobre los que tenían “pleno dominio”.

Se trató, prosigue, de “unos hechos violentos a los que acudió el propio D. Oriol Junqueras i Vies y que se vieron propiciados porque las fuerzas encargadas del orden público -que estaban bajo la responsabilidad de D. Joaquim Forn i Chiariello- favorecieran o no desplegaran ninguna actuación que pudiera ponerles término”.

Llarena considera que esos hechos y otros como el acoso a hoteles que alojaban a las Fuerzas de Seguridad, el apedreamiento a los agentes o los actos de resistencia el 1-O son manifestaciones del control que los encarcelados tienen sobre “la idoneidad y el momento” de actuar de una u otra forma, incluyendo las actividades violentas.

“Por ello”, concluye, “en estos investigados el riesgo de reiteración delictiva refleja la probabilidad de que puedan reproducirse actos con graves, inmediatas e irreparables consecuencias para la comunidad. De esta manera, el peligro no desaparece con la formal afirmación de que abandonan su estrategia de actuación”. Sólo con el tiempo se podrá comprobar que esa afirmación sobre el cambio de estrategia es cierta y estudiar la posibilidad de excarcelarles. “La rebaja de las cautelas no puede precipitarse”, insiste.

La decisión de Llarena implica que Junqueras, cabeza de lista de ERC, no podrá participar en la campaña que arranca esta medianoche. También Sànchez y Forn son candidatos en el 21-D, una circunstancia que habían alegado para quedar en libertad. El juez afirma que su candidatura no es motivo para la excarcelación, y recuerda que el riesgo de que sigan por el camino de la rebelión “va expresamente unido a las responsabilidades públicas a las que aspiran”.

El magistrado cierra este apartado recordando que el Tribunal de Estrasburgo acepta que se pongan límites a la participación política siempre que la participación democrática “no pierda su efectividad, y que las limitaciones respondan a fines legítimos y guarden adecuada correspondencia con los motivos que las impulsan”.

Sin riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

Es, en suma, el riesgo de reiteración delictiva el que mantiene a Junqueras, Forn, Sánchez y Cuixart en prisión. No detecta el juez un riesgo serio de fuga en ninguno de los hasta ahora 10 encarcelados, ni tampoco de que destruyan pruebas, otro de los motivos que permiten decretar la prisión provisional.

El juez resalta que todos tienen “un profundo arraigo personal, laboral y social” en Cataluña. También los ve dispuestos a presentarse ante el tribunal cuando sean llamados. Añade que todos ellos “libremente rechazaron la huida que emprendieron otros encausados”, en referencia al ex president Carles Puigdemont y a los ex consejeros que siguen en Bruselas.

Sobre el tercer posible riesgo, el de destrucción de pruebas, lo considera débil. La Fiscalía sostuvo el pasado viernes en las declaraciones de los encarcelados que las Fuerzas de Seguridad habían interceptado material comprometedor que los Mossos d’Esquadra querían destruir. El juez responde que el Ministerio Público no le ha presentado indicios de que esos documentos fueran comprometedores ni de que la destrucción fuera ordenada por los encarcelados.

En sus peticiones de libertad, los afectados sostenían que su situación era similar a la que el juez apreció en el caso de los miembros de la Mesa del Parlament, que finalmente quedaron en libertad bajo fiaza. El juez ve una diferencia sustancial, ya que la actividad de los miembros de la Mesa se limitó en lo esencial a desobedecer las resoluciones judiciales del Tribunal Constitucional. En su caso, pues, la reiteración delictiva no tendría unas consecuencias tan graves como en el caso de los cuatro que seguirán en prisión.

La decisión de Llarena puede recurrirse en reforma ante el propio juez o bien en apelación ante la Sala de lo Penal del Supremo, que tendrá la última palabra.

Fuente EP Mundo El Mundo