A Cristina Cifuentes le siguen saliendo muertos por su máster

La polémica por el máster de Cristina Cifuentes continúa. Las declaraciones de una profesora citada como testigo dejan mal parada a la expresidenta de la Comunidad de Madrid.

“Me ratifico en mi declaración”. Esto declaraba Ángela Figueruelo, la profesora cuya denuncia comenzó las pesquisas del ‘caso master’ a la salida de los juzgados de Plaza Castilla. Esta catedrática de Derecho Público General de la Universidad de Salamanca había sido citada como testigo ante el juzgado de instrucción número 51 que es el encargado de investigar las irregularidades del máster de Cristina Cifuentes.

Figueruelo había sido llamada a declarar junto con otros cuatro alumnos de la promoción del máster de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. La catedrática no pasaría más de media hora frente a la juez que instruye el caso, María del Carmen Rodríguez-Medel. “Estoy muy tranquila”, decía a los medios de comunicación que le esperaban a la salida de su declaración.

La catedrática decidió presentar una querella cuando descubrió que su firma había sido falsificada en un acta oficial del Instituto de Derecho Público que dirigía Enrique Álvarez Conde. Ángela Figueruelo sí confirmó que es miembro de este Instituto pero que jamás dio clases en el máster de Cifuentes. Figueruelo ratificó que la prueba caligráfica desmintió que fuera su rúbrica la que apareció en el acta de la Comisión de Garantía de Calidad en la que se convalidaban tres asignaturas a la expresidenta regional.

ALUMNOS

Poco después de las 11 de la mañana, terminaban el resto de declaraciones de los cuatro alumnos de la promoción de Cristina Cifuentes quienes se mostraban “indignados” con la prensa que se le ha brindado a este postgrado. “Nos han puesto un estigma”, manifestaba uno de los alumnos.

Las preguntas de la juez y de las partes se centraron en averiguar quienes eran los que, efectivamente, habían ido a clase en máster donde la asistencia era importante para la calificación final. “Seríamos unos 15 en clase”, comentaba el mismo alumno quien decía que el horario lectivo iba de 17 a 20 o 21 horas jueves y viernes y sábados por la mañana.

Otra de estas alumnas que obtuvo el título de Máster en Derecho Público del Estado Autonómico en la misma promoción que Cifuentes afirmaba durante la vista que ella realizó su trabajo de fin de máster, pero no así la defensa ante el tribunal según informa Efe.

La mitad de los graduados de esa promoción eran funcionarios de la Comunidad de Madrid según aseguró el mismo alumno. Quien también informaba de que el máster estaba subvencionado por el Gobierno regional y que su precio, para los trabajadores de la Comunidad, era de 300 euros. Ahora entre nosotros tenemos que la broma de que “el portero del Liverpool se sacó el título en la Rey Juan Carlos”, concluía.

INVESTIGACIÓN

Son esas dudas y mala prensa sobre el Instituto de Derecho Público de esta Universidad las que han hecho que una investigación que comenzaba sobre unos hechos puntuales centrados en las irregularidades del máster de Cifuentes se haya extendido a todos los títulos expedidos por este organismo. “La jueza comenzó con Cifuentes pero ahora sospecha que pueda ser un mal endémico”, comentaban fuentes jurídicas.

En el centro de ese nuevo giro en la investigación está el director de este Instituto e imputado en la causa, Enrique Álvarez Conde. Su defensa realizó el pasado 4 de junio un recurso de reforma contra una providencia de la juez por considerar “que infringe el artículo 24.2 de la Constitución Española, obstativo de las investigaciones prospectivas, inquisitoriales y en abierta contradicción con el principio de lesividad u ofensividad, que es lo que está sucediendo en este proceso judicial en el que está instruyéndose una causa general y llevándose a cabo una investigación prospectiva.

Otras fuentes jurídicas habían manifestado a este periódico que a “esta juez le gusta llegar al fondo de los asuntos”. La fase de instrucción está confirmando estas afirmaciones donde cada providencia amplía las investigaciones judiciales a comprobar si hubo “trato de favor” a algunos alumnos en los postgrados que realizaba la Universidad Rey Juan Carlos. De hecho, la investigación abierta en pieza separada al dirigente ‘popular’ Pablo Casado va en ese mismo sentido.

Fuente EP Mundo El Mundo
Cargando...
Cargando...