Amnistía Internacional lanza tremendo bofetón al gobierno español

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado públicamente este jueves la “obstrucción” de la Fiscalía y del Ministerio del Interior para aclarar lo que consideran “abusos” cometidos por la Policía y la Guardia Civil durante la votación del 1-O. Así, la entidad, que tiene documentados casos con un “uso excesivo de la fuerza”, recrimina a la fiscalía su “desinterés y falta de colaboración” para esclarecer los hechos, lo que “incumple su papel de impulsar las investigaciones “a pesar de los esfuerzos de varios juzgados catalanes.

En el informe 1-O en Catalunya: Obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza, AI asegura que la Fiscalía apunta hacia la “descalificación de las denuncias, la obstrucción de las diligencias e incluso muestra una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes”. De hecho, recrimina al Ministerio Público que intentara “mostrar la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales sobre uso excesivo de la fuerza, presentando videos donde se muestra la participación de manifestantes en incidentes con las fuerzas de seguridad”.

Así, por ejemplo, y según denuncia AI, la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona ofreciera a las personas lesionadas personarse en el procedimiento, asegurando que debido al carácter leve de las lesiones no habría que investigar de oficio estos hechos, salvo que la persona afectada formulara denuncia. En este sentido, la Fiscalía resaltó el hecho de que sólo se hiciera este ofrecimiento a las personas lesionadas que, sin haber denunciado, hubieran recibido tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquellos que únicamente hubieran precisado una única asistencia facultativa.

“Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio del Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la rendición de cuentas por los hechos y el su aclaración se ponen en riesgo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Material antidisturbios peligroso

También le reprocha la colaboración “parcial y desigual” con los juzgados. Hay abiertas causas en al menos ocho juzgados catalanes que investigan algunas de estas denuncias. Amnistía Internacional está haciendo un seguimiento especial a las diligencies que investigan tres casos documentados por la organización: en concreto, las llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona, ​​sobre 257 denuncias (entre las que los casos de Roger Español y Alejandra Rayas) , y la realizada por Juzgado de Instrucción número 2 de Girona, que acumula 200 denuncias, (entre ellas las relativas a los incidentes de Aiguaviva).

El informe asegura también que “si bien las fuerzas de seguridad actuaron con el objetivo cumplir el orden legítimo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ordenaba impedir la celebración del referéndum, Amnistía Internacional pudo comprobar que los agentes hicieron un uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, entre los que proyectiles de impacto cinético como pelotas de goma, cartuchos de fogueo o sustancias químicas irritantes.

Des hace años, AI muestra preocupación por el uso de este material antidisturbios en el Estado, que aunque no está diseñado para ser letal es muy impreciso, por lo que en la práctica puede causar lesiones graves e incluso la muerte si se utiliza en distancias cortas. “Las pelotas de goma que se están utilizando en España deberían ser prohibidas por ser altamente imprecisas y no contar con protocolos para su uso según los estándares internacionales, que prohíben, entre otras cosas, que puedan utilizarse para dispersar una multitud”, señaló Beltrán.

Los casos de uso excesivo

Amnistía Internacional documentó el caso de Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional en el cruce de las calles Sardenya y Diputació, en Barcelona, ​​cerca de la escuela Ramon Llull.

Otro caso investigado por la organización sobre el uso excesivo de la fuerza con uso inadecuado de sustancias químicas irritantes en la población gerundense de Aiguaviva, donde un agente de la Guardia Civil utilizó un spray de mano directamente contra personas que se resistían de forma pasiva y pacífica a la operación policial destinada a decomisar las urnas electorales.

También constató el uso de fuerza excesiva contra personas que querían votar en el referéndum y que no representaban ninguna amenaza para los agentes. Es el caso de Alejandra Rayas que esperaba pacíficamente para votar ante la Escuela Mediterránea, en la Barceloneta, cuando un agente de la policía española la golpeó en la cara y el cuello sin razón aparente.

Agresiones a agentes

Por otra parte, AI afirma que “la actuación de las fuerzas de seguridad en ocasiones fue claramente obstaculizada”. Según datos del Ministerio del Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la policía española y 37 guardias civiles habrían resultado heridos como consecuencia de estos impedimentos.

Amnistía Internacional ha podido visionar imágenes que muestran algunas actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes, como por ejemplo, el del centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), donde un Guardia Civil resultó herido después de que le lanzaran una silla.

Recomendaciones

Per todo ello, el informe de AI recomienda y reclama que las autoridades deben asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciban reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales. “El Ministerio Fiscal tiene que cambiar radicalmente su actitud y adoptar un rol proactivo en los procedimientos judiciales en curso, especialmente en los casos graves ocurridos en los incidentes del 1 de octubre, impulsando las investigaciones que actualmente están en marcha”.

AI recuerda que tal como señala el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe impulsar una investigación inmediata, imparcial y efectiva, incluso cuando no haya denuncia expresa, siempre que existan motivos razonables para creer que ha tenido lugar un acto de malos tratos, así como velar por la protección procesal de las víctimas y para la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivos.

Respecto al Ministerio del Interior, le corresponde –mantiene el informe– impulsar investigaciones internas a fin de determinar las diferentes responsabilidades e identificar factores organizativos subyacentes, como las líneas de mando dentro de la institución de la policía, las normas de procedimiento o la formación, y para determinar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar “para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repiten” .

Fuente EP Mundo La Vanguardia
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