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Así humilló Marcos Torres a exempleada del Bicentenario

Actualizado: 04/01/2018 19:45

Despidos injustificados, reducción de beneficios y precarias condiciones laborales, son algunos de los temas que aquejan a obreros y ex trabajadores del Abasto Bicentenario de Cagua, Aragua. En una exclusiva ofrecida a esta redacción, una de las personas afectadas por esta situación, reveló los detalles del caos que se vive a puertas cerradas en la mencionada sede, y al cual, cientos de trabajadores fueron sometidos desde hace un par de años.

La fuente, quien prefirió proteger su identidad, contó a El Cooperante, cómo fue despedida por exigir en una asamblea de trabajadores en la que se encontraba el ahora gobernador de Aragua, Rodolfo Marco Torres, que se cumplieran los acuerdos laborales y se restablecieran los beneficios a los trabajadores, los cuales, sufrieron desmejoras, y en su mayoría, fueron eliminados.

“Primero botaron a los del sindicato. Luego me botaron a mí, porque reclamé lo de los beneficios. Exigí mis derechos y él (Marco Torres, entones ministro de Alimentación), me dijo que me callara, que más tarde hablaba conmigo, que yo era una escuálida amargada”.

Sin embargo, nunca más volvió a ver al dirigente oficialista. Pasaron apenas dos días desde el incidente, cuando fue llamada a Recursos Humanos, donde le dieron su carta de despido, el cual, alegaron, se debió a “reestructuración de la empresa”. No le pagaron, tal como acota el artículo 86 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (Lottt), el doble de las prestaciones como parte de la indemnización por el despido injustificado.

“Pero peor fue para mis compañeros de turno”, sostuvo la fuente, quien dio a conocer que días después, despidieron a 30 empleados más sin justificación.

“Algunos no firmaron el cheque, no aceptaron el despido, y todavía están esperando reenganche”, dijo, a la vez que acotó que la mayoría aún no ha conseguido un empleo estable, mientras que otros, tienen hijos con discapacidades o recién nacidos al momento del despido. Su situación actual, es similar. Con lesiones musculares en las manos debido al trabajo que desempeñó en la empresa, y una niña de cuatro años, fue despedida sin compasión. Desde julio, cuando la relevaron, conseguir trabajo se le ha hecho cuesta arriba.

Bajo el yugo militar

El alto mando militar, se ha pavoneado desde hace dos años con los cargos gerenciales del Bicentenario Cagua. Según la información provista, son coroneles y militares de alto rango quienes se han rotado en los últimos 24 meses.

La fuente, quien desde hace 11 años trabajaba en el lugar, fue víctima de maltrato y humillación por parte de sus superiores.

Los obreros son obligados a hacer orden cerrado y otras prácticas militares.  Asimismo, aseguró que fueron obligados a firmar un documento en el que se les prohibía denunciar la crítica situación en la empresa. Aunado a esto, los horarios de trabajo fueron modificados, pasando de ocho horas diarias, como establece la Ley, a diez, sin pago de horas extras. “Trabajábamos de ocho de la mañana a seis de la tarde, aunque eso era ilegal”, especificó.

La fuente aseguró que nunca recibieron los aumentos decretados por el Ejecutivo.

“Si Maduro decía que era el 50% de aumento, nos daban el 20%, pero lo aguantábamos por necesidad”, narró y agregó que, “al que reclamaba, le decían que había mucha gente en la calle comiendo de la basura que sí quería el trabajo, por lo que todos nos quedábamos callados”.

Los directivos alegaron que los aumentos no eran aprobados por la situación país, y utilizaron la misma excusa cuando los empleados preguntaron por la desmejora de los beneficios, ignorando el decreto de inamovilidad laboral 2016-2018, el cual establece que se deben mantener las condiciones laborales y que están prohibidos los despidos sin justificación. “Nos decían que si aumentaban, botarían a más trabajadores, a pesar de que habían despedido a más de 600”.

Actualmente, esta sede cuenta con apenas 45 empleados, los cuales, están sumidos a las constantes amenazas de despido por parte de la directiva que ha prohibido explícitamente, que se divulguen dichas irregularidades.