Campaña sin mensaje; por Rafael Ramírez

Esta corta campaña electoral transcurre rápidamente sin que, hasta ahora, se haya abierto una discusión de cómo vamos a salir de la situación caótica en la que se encuentra sumido el país, se mencionan algunas medidas aisladas, inconexas. Pareciera que existe el propósito deliberado de pasar las elecciones a toda velocidad, como para que no nos demos cuenta de lo que sucede.

No pude ser candidato, a pesar de proponer primarias en el PSUV, ni siquiera se discutió, se impuso una decisión. No solo no tuve la oportunidad, sino que se levantaron acusaciones de todo tipo en mi contra. Se cercenaron arbitrariamente, mis derechos políticos, hoy estoy de manera forzada fuera de mi querida tierra, sabiendo que de volver al país en este momento no tendría ningún tipo de garantías, como ellos mismos lo han demostrado. Sin embargo, sé que, más pronto que tarde, volveré a recorrer mi patria y ayudar a restablecer el optimismo, la pasión y contribuir a la reconstrucción del país. Pongo mis esfuerzos y conocimientos al servicio del pueblo. Esa es mi pasión, trabajar para el Estado, concebido como el representante del interés colectivo de todos los ciudadanos, el custodio de nuestra soberanía, integridad y conquistas sociales, nuestra independencia y desarrollo.

Las elecciones deberían ser una extraordinaria oportunidad para revisar cómo vamos, corregir errores, debatir y retomar las posibilidades de avanzar. No se puede seguir retrocediendo y mucho menos caer al abismo de la entrega, del desmantelamiento de nuestras instituciones y de nuestras conquistas políticas y sociales. No podemos caer en manos de la extrema derecha, ni seguir como vamos. Es un dilema que sé que preocupa a muchos venezolanos, trabajadores honestos, a la inmensa mayoría que está fuera de la diatriba de los grupos en pugna, de los cultores de la política con “p” minúscula, del caos.

Los candidatos no gozan de la confianza del elector, ni del pueblo en general, desconfianza que se manifiesta en una baja intención del voto o en el hecho de que se deba recurrir a los artificios de la dadiva, el chantaje o la promesa de espectáculo para llenar los espacios y mostrar las imágenes “típicas” de un proceso electoral. Es la campaña más “sin sabor” o incolora de por lo menos los últimos 20 años. El ciudadano común y corriente es presa de un generalizado sentimiento de inconformidad, molestia, desasosiego. Nunca como ahora, la política ha estado de tan bajo perfil. No emocionan a nadie.

Tal como están las cosas, hará falta un esfuerzo extraordinario de unidad, trabajo y conciencia para, en torno a varios objetivos bien definidos, atender y resolver los problemas que aquejan a diario al pueblo, en un proceso de reconquista de nuestros espacios políticos y nuestros objetivos estratégicos que hoy lucen perdidos. Vamos a hacer falta reanimar espiritualmente al Pueblo para poder emprender la reconstrucción del país.

Hay que discutir y resolver los problemas inmediatos, urgentes e ir restableciendo los equilibrios necesarios para movilizar a toda la Nación. Habría que comenzar por restablecer las relaciones espirituales, principios y actitudes sociales que nos permitan crear un clima adecuado, emocionar de nuevo al venezolano, dejar atrás el pesimismo y las soluciones individuales, y que el Estado sea capaz de proteger y preservar la estabilidad y seguridad de todos sus ciudadanos.

Las respuestas y soluciones a nuestros graves problemas tendrán que ser creación propia, no vendrán de afuera, no serán impuestas, nadie va a hacer el trabajo por nosotros. Pero no estamos partiendo de cero. Hay todo un camino andado, una experiencia acumulada, en estos últimos 17 años se han vivido fenómenos políticos de mucha intensidad, muchos cambios, se ha fraguado otro país, otro pueblo, que hoy luce en desbandada, pero que tiene una importante experiencia política y ha sido protagonista de las profundas transformaciones que se han producido.

Se impone otra conducta, mayor calidad humana y política. Dejar atrás la irracionalidad, el odio, la intolerancia, la práctica de la descalificación y de los linchamientos morales, la persecución política, la “cacería de brujas”, la judicialización de la política, lo que llaman el “lawfare”. Dejar atrás la violencia, el miedo, el chantaje extendido en la sociedad, el abuso de poder. Las instituciones creadas por nuestra Constitución deben funcionar plenamente, debe prevalecer la discusión política, no la agresión. Hay que dejar atrás al “pranato” de la política, levantar la mirada y ver al futuro con sentido estratégico. Hay grupos de interés que para sobrevivir políticamente necesitan del caos, viven en el caos, porque en el caos no se piensa, se sobrevive, se actúa con violencia, se impone lo individual en detrimento del interés general, colectivo.

Se ha hecho mucho daño con la manipulación mediática y la censura o auto censura. No es saludable que un país no tenga voces críticas, alertas, orientaciones. El liderazgo político debería poder aceptar las críticas, sobre todo si son constructivas. Cuando se dirige un país, se debe tener la suficiente responsabilidad de escuchar todas las opiniones, con la debida compostura. No es posible que el que haga alguna observación o cuestionamiento sea catalogado de una vez como “traidor” y se hagan de lado sus opiniones, sobre todo si lo que se dice viene acompañado de una experiencia o trayectoria que le da legitimidad al comentario y a quien lo hace.

Hay que dejar atrás la discusión de 140 caracteres, dejar atrás a los “bots” del tuiter, la guerra de etiquetas. No se puede dar un debate desde el anonimato y la impunidad de una cuenta de tuiter que, muchas veces, ni siquiera existe.

Hay que generar acciones desde el Estado, el estamento político y la sociedad en general, que restablezcan la confianza en la sociedad y un clima político adecuado. Hay que promover un conjunto de valores que permitan que el ciudadano recupere su conciencia colectiva, el sentido de la justicia social, el respeto a las instituciones y la política como el ejercicio pleno de todos nuestros derechos.

Primeramente, habría que apegarse estrictamente a la Constitución Bolivariana de 1999. No permitir que se convierta en letra muerta, como sucedió durante la IV República con la Constitución del 61.

Hay que restablecer el Estado de Derecho en el país, respetar todos los derechos consagrados en nuestra Constitución, que es una de las más avanzadas en ese sentido. Los Instituciones del Estado deben dar señales claras en esa dirección, y comenzar a tomar medidas concretas, restablecer el debido proceso, el derecho a la defensa, cumplir con los lapsos legales, liberar a los que estén en prisión sin ni siquiera estar sometidos a procesos judiciales, dejar la practica nociva de los “falsos positivos”. Deben deslastrarse las instituciones del Estado y cuerpos de seguridad e inteligencia de las prácticas inconstitucionales y del ejercicio del abuso de poder.

En el ámbito de la política. Acordar un código de ética para restablecer la prestancia de su ejercicio. Renunciar a la descalificación, al insulto, a la trampa, a la campaña sucia, al linchamiento moral, a los acuerdos secretos. Debe haber un debate sano, amplio, sin etiquetas, constructivo, debería haber suficiente espacio para el estudio, la discusión de tesis, propuestas.

No puede aceptarse, como no se acepta en ningún país del mundo, el llamado a una intervención extranjera, militar o política en nuestro país, la imposición de sanciones. El respeto a la soberanía, la integridad territorial y la independencia, son principios que nadie debería estar en capacidad de vulnerar bajo ninguna circunstancia. Tampoco puede tolerarse la entrega de la soberanía sobre el manejo de nuestros recursos naturales y de nuestra economía.

Hay que proteger a nuestras Fuerzas Armadas Bolivarianas y a todas las Instituciones del Estado. Debe haber una revisión profunda del Poder Moral, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estos no pueden actuar a favor de intereses particulares, sean éstos económicos o políticos. Debe establecerse en esas instituciones, el más riguroso control para que puedan cumplir su labor de preservar y garantizar los derechos consagrados en la Constitución. Deben sancionarse de manera severa los actos de violación de los derechos humanos.

También en el ámbito político, debe restablecerse el carácter de democracia protagónica y participativa de toda la sociedad, tal como lo define nuestra Constitución. Hay que abrir los espacios para la discusión y solución de los problemas, proteger al ciudadano del abuso e indolencia de la burocracia enquistada en los organismos e instituciones del sector público. Hay que fortalecer al Poder Popular en todas sus instancias y manifestaciones. De manera especial, debe restablecerse el carácter popular y participativo de la democracia, a través de las Misiones Sociales. Hacer una profunda revisión de su funcionamiento, para restablecer su carácter popular, autenticidad y legitimidad. En particular, de todas las que tienen que ver con Educación, Alimentación, Salud, Producción. Reanimarlas, movilizarlas en el rescate de los niveles adecuados de atención en estas áreas críticas para el país, darles tareas y razones sagradas para la lucha.

El gobierno y todos sus organismos y empresas deben asumir una conducta de transparencia y comunicación con todo el país, en cada una de sus áreas de competencia: en la economía, la producción, la salud, la educación, la seguridad. Debe explicarse cómo se van a resolver los problemas, hablarse claramente, indicarse el origen de los mismos. No se pueden seguir utilizando “muletillas” para evadir responsabilidades, eso le quita credibilidad, legitimidad y le resta moral ante los ciudadanos. Nuestro país, sabe que tenemos graves problemas, que no se deben precisamente a la “conspiración”, “sabotaje”, etc. El funcionario público, en vez de refugiarse en una “caravana” o en un edifico, debe asumir sus responsabilidades y explicar las razones de los problemas y el Plan para resolverlos. Discutir cuál es el programa del gobierno en su ámbito de acción. Hay que rescatar la moral y la ética en el ejercicio de la función pública.

Deben convocarse, escucharse a todas las voces calificadas, para opinar, aportar. Todos tenemos ideas y experiencias que serían de una ayuda extraordinaria en estos momentos. Deben desterrarse de la función pública, los grupos de interés. Se han creado verdaderas “tribus” que extienden su poder en todas las instancias del Estado. Debe restablecerse la autoridad y jerarquía de las Instituciones. Ahora, cualquiera viene a poner todo patas “pa’rriba”, o a maltratar a los empleados, profesionales u obreros, se menosprecia la formación, experiencia y conocimiento.

Siendo el petróleo el sector estratégico del país y la palanca de la economía, se debe proteger y defender nuestra política de Plena Soberanía Petrolera. Igualmente, debe haber un compromiso de que nada vulnere a PDVSA, en el sentido de que no puede ser privatizada, ni ceder el control sobre las operaciones o actividades de hidrocarburos, tal como están consagradas en la Constitución y en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Cualquier contrato del sector petrolero debe ser sometido al escrutinio de las distintas instancias del Estado, tal como lo establece la Constitución, por su carácter de Contrato de Interés Público. Más allá de eso, estos deben ser conocidos en el seno de la sociedad, y cualquiera tendría la legitimidad de impugnar total o parcialmente lo que atente contra nuestra soberanía o el control que establecen nuestras leyes. Los últimos contratos y decretos aprobados en el sector, son ilegales y deben ser revisados para llevarlos a nuestro marco legal y constitucional.

No puede cederse bajo ninguna circunstancia, nuestra soberanía jurisdiccional, no se pueden someter al arbitrio de tribunales extranjeros nuestras decisiones soberanas. “La Ley de Inversiones Extranjeras”, aprobada por la ANC, además que está fuera de las competencias de este organismo, contempla la figura de arbitraje internacional. No se trata de dónde se produce el arbitraje, de lo que se trata es de que se violenta nuestra soberanía jurisdiccional, lo cual es un terrible retroceso. Debemos fortalecer nuestros tribunales y tener un Poder Judicial confiable, capaz de dirimir cualquier controversia en nuestro país.

Por cierto, me extraña el silencio del gobierno en torno al resultado del juicio ante la Cámara de Comercio Internacional de París, el Laudo Arbitral del pasado 24 de abril de 2018, donde tuvimos que defender a nuestra empresa PDVSA, justamente porque durante la “apertura petrolera”, las autoridades venezolanas de la IV República aceptaron el arbitraje internacional. En este caso, la Conoco-Phillips, transnacional petrolera norteamericana, introdujo hace varios años ya, una demanda contra nuestro país reclamando el pago de 17 mil millones de dólares por nuestras decisiones soberanas de restablecer nuestro régimen fiscal y nacionalizar la Faja Petrolífera del Orinoco. Les ganamos, así como le hemos ganado a la “Exxon Mobil”, caso cuya última decisión también fue silenciada. Le propinamos una tremenda derrota a las groseras pretensiones contra nuestro país. Vaya mi felicitación al equipo jurídico que siempre ha defendido los intereses del país ante los ataques legales de las transnacionales. Los pusimos en su sitio, como le gustaba decir a nuestro querido Comandante Hugo Chávez.

Igual, hay que revisar los contratos del Arco Minero, estas decisiones, se tomaron a la medida de las aspiraciones y presiones de la “Gold Reserve” y sus socios venezolanos. Por otra parte, se otorgaron derechos de explotación en áreas de alta sensibilidad ambiental y en detrimento de los intereses de nuestros pueblos originarios en esos territorios, en clara contravención a lo establecido en nuestra Constitución y las Leyes.

Tiene que impedirse el despojo de nuestros valiosos recursos naturales: Petróleo, Gas, Oro y otros minerales. Ésto está sucediendo ahora mismo, mientras el caos es la máxima en el país.

En el campo de la producción, debe establecerse una economía basada en el trabajo. Dejar atrás y sancionar severamente, en el ámbito público o privado, los actos de apropiación de la riqueza de la sociedad: la especulación financiera, la especulación de precios, la corrupción, la explotación del trabajador, la especulación cambiaria, la extracción y entrega de nuestros recursos naturales, y todas las conductas asociales derivadas de la ética del individualismo: el “bachaquerismo”, el contrabando, el delito, el enriquecimiento, la acumulación y expatriación de capitales.

Aunque seremos por muchos años más un país petrolero, debe utilizarse la renta para alcanzar todos los niveles de bienestar social del pueblo, desarrollo de infraestructura e ir construyendo las nuevas capacidades de producción que nos permitan al menos satisfacer nuestras necesidades internas, desarrollar el procesamiento e industrialización de los recursos naturales y materias primas que exportamos y, sobre todo, producir los alimentos que requerimos para nuestro pueblo.

Una economía que prestigie el trabajo, la solidaridad, la justicia y que estimule el sentido de pertenencia con la Patria. Que no sea una economía de “maquila” de las transnacionales, una economía importadora de todo lo que consumimos, dejar de ser una economía dependiente y periférica, construir un modelo económico donde el desarrollo humano sea el centro y objetivo de su funcionamiento.

Entre las acciones que debe emprender el Estado y toda la sociedad para restablecer el equilibrio espiritual y la confianza en el país, está la protección a los más débiles: los niños, ancianos, enfermos, los jóvenes y los indígenas. A los que se han ido del país.

No podemos aceptar como sociedad que existan venezolanos comiendo de la basura, que vuelvan los niños de la calle, los pacientes que no tienen medicamentos, sobre todo los de enfermedades de alto riesgo, los “débiles jurídicos”, ancianos y niños sin protección, que aumente la mortalidad infantil, el hambre, la pobreza crítica, la deserción escolar, la inequidad de la sociedad, la alta concentración de riquezas en pocas manos, la violencia social.

Hay que identificar al menos 10 sectores y problemas que requieran la acción concentrada del Estado, del pueblo, de todos los actores de la sociedad, la mayor fortaleza radica en movilizar a todo el pueblo en esta batalla de diez objetivos de reconstrucción nacional. Organizarse como lo hicimos en el 2004 con la ofensiva de las Misiones Sociales.

Hay que sacar bien las cuentas, afinar el lápiz, precisar los recursos requeridos y la organización para la tarea. Allí tenemos una gran experiencia, probablemente la más cercana y exitosa, cuando diseñamos y planificamos la Gran Misión Vivienda Venezuela. Fueron meses de preparación. No se habían hecho más de 13 mil viviendas por año entre el 2004-2010, el reto era grande, había una gran exigencia.

Se creó el Órgano Superior de la Vivienda; se promulgó la Ley respectiva; se cuidaron los detalles técnicos, los diseños, tecnologías, el apoyo internacional; se hicieron las coordinaciones en todos los estados, con los Gobernadores, las instituciones y empresas del Estado; lo materiales, los “Construpatria”, centros de acopio; los ejecutores, las brigadas de construcción, las metas por cada mes, lo comunicacional, los recursos y luego; sólo, luego de que estábamos listos y seguros del esquema de trabajo, lanzamos la Misión, nos desplegamos por todo el país, movilizamos al pueblo, nos movilizamos unidos, con pasión, con fe en el cumplimiento de la Misión encomendada y demostramos que se puede ser eficaz, útil, transformando la sociedad.

El primer año de la Gran Misión, 2011, hicimos 146.718 viviendas, luego en el 2012, subimos a 200.080 y en el 2013, cuando entregamos la coordinación iban 800.000 viviendas y estaban en construcción 300.000 más. Hasta aquel año 2013 en que estuve al frente; cambiamos radicalmente la vida a más de 550 mil familias pobres, con un hecho concreto, producto del trabajo colectivo y de la acción decidida del Estado. Sólo así, con carácter de emergencia nacional, asumiendo un compromiso, con mucho trabajo, con el país entero movilizado y motivado, es que vamos a poder dar esta batalla. Reanimar al país, movilizarlo con el objetivo de la reconstrucción, de restablecer los equilibrios espirituales y materiales, en ese estricto orden.

Tiene que ser el “Plan Perfecto”, para rescatar la moral y la unidad, la emoción, y pasión, el trabajo colectivo, por el bienestar de los más débiles, en la medida que se van atacando los otros problemas fundamentales de la economía y de la sociedad.

Hay que superar la mentalidad individualista que se ha venido estimulado, cuyas expresiones las tenemos en el “bachaquero”, en la movilización por las dádivas que se ofrecen por doquier, bonos, carnets, favores. Se ha desmovilizado el pueblo, se estimula la conducta de movilizarse por el “bono”, por el “clap”, Eso es un error. La sociedad y el pueblo debe movilizarse por razones morales, éticas, políticas, por la solidaridad, por el sentimiento patrio.

Tenemos que rescatar lo mejor de nosotros, de nuestro país, de nuestro pueblo grande, altruista, solidario, bueno, con una fuerza moral extraordinaria heredada de la gesta continental de nuestra Independencia, por el heroísmo de nuestros hombres y mujeres.

Vamos a movilizarnos, que se escuchen todas las voces, que se junten todas las ideas, todos los aportes, toda nuestra inmensa capacidad de trabajo y de creación. Atrás debe quedar el odio, la frustración, la revancha, la indiferencia, el desaliento. Vamos a recomponer los sueños, la esperanza, vamos a luchar juntos por la patria de Bolívar, somos sus herederos.

Nosotros vamos a volver, sabemos cómo derrotar a esta crisis, tenemos el conocimiento, las competencias y el equipo necesario. Venezuela tiene como recuperarse. Podemos hacerlo. Con Chávez siempre ¡Venceremos!

Fuente EP Mundo
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