Carles Puigdemont está cercado y te decimos por qué

El Consejo de Ministros, reunido hoy de manera extraordinaria, ha aprobado recurrir al Tribunal Constitucional la ley de Presidencia de la Generalitat que permitiría la investidura a distancia del expresident de Cataluña Carles Puigdemont.

Mariano Rajoy ha presidido la reunión para aprobar la presentación del recurso, que cuenta con el aval unánime del Consejo de Estado. En su cuenta de Twitter, el presidente del Gobierno ha asegurado que el recurso intenta evitar que “un fugado de la Justicia que vive en el extranjero pueda ser investido en Cataluña. Queremos que se recupera la normalidad”, ha enfatizado Rajoy.

Por otra parte, el instructor del “procés”, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha confirmado el auto de procesamiento interpuesto para el prófugo Carles Puigdemont y otros 22 investigados en este procesamiento.

En concreto, mantiene la acusación por el delito de rebelión al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara Ponsatí, Josep Rull, Toni Comín y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y la ex secretaria genreal de ERC Marta Rovira (quien se encuentra huida en Suiza), además del citado Puigdemont.

En este sentido, el instructor considera que el delito de rebelión viene justificado por los actos de violencia que se registraron especialmente el día del referéndum ilegal 1 de octubre.

En cuanto al delito de malversación, destaca que los datos proporcionados por Hacienda coinciden con los indicios que vendrían a avalar el mencionado delito. En este sentido, la resolución los datos remitidos por Hacienda no sólo no contradicen sino que coinciden, al apreciar algunos indicios de fraude, con su investigación sobre el delito de malversación de caudales públicos. En ese sentido, el auto destaca que los investigados han silenciado parte de las manifestaciones del ministro Cristóbal Montoro sobre los gastos del 1-O, ya que éstas eran más matizadas de lo que ellos defendieron, y de hecho apuntaron a “la posibilidad material de que pueda existir una mecánica de fraude oculta y no confirmada”.

Además, rechaza que los miembros de la Mesa del Parlament, a quienes se imputa de forma mayoritaria el delito de desobediencia, puedan ampararse en la inviolabilidad parlamentaria , ya que, por el contrario, fueron un “mero instrumento de una actuación delictiva”

Fuente EP Mundo La Razón La Razón
Cargando...
Cargando...