El monstruo de Susqueda deja al juez con la palabra en la boca

El presunto asesino de dos jóvenes en el pantano de Susqueda, Jordi Magentí, se ha negado a declarar ante el juez que investiga el caso, quien le había citado para aclarar si confesó a un compañero de prisión que su hijo había sido el autor del crimen.

El abogado de los padres de las víctimas, Carles Monguilod, que ejerce la acusación particular, ha detallado a su entrada a los juzgados que solicitó este trámite después de que se conociese esa novedad a raíz de las manifestaciones de un convicto que comparte cárcel con Jordi M.

Apuntó a su hijo como autor del doble crimen. Magentí podría acogerse a su derecho de no declarar

Ese testigo, según Monguilod, ha declarado ante la policía que el procesado le confesó “que algo había tenido que ver con los asesinatos”, con una versión que apunta como autor del crimen a su hijo, que fue detenido poco después que él, aunque fue puesto en libertad poco después al descartarse su participación en el caso.

Esta nueva versión es “uno de los elementos principales” por los que la acusación particular ha reclamado que Jordi M. declare hoy, ya que “el primer derecho de todo acusado de dos delitos tan graves como el asesinato es explicarse ante el juez”.

La comparecencia se enmarca en la ley del jurado, ya que se ha solicitado que se siga este procedimiento y se han pedido también diligencias de prueba.

La sesión se ha desarrollado con normalidad, se ha comunicado que la causa se sigue por dos delitos de asesinato, el acusado se ha acogido a su derecho a no declarar y las partes han propuesto una serie de diligencias a practicar sobre las que se pronunciará el juez instructor.

Entre las diligencias que se han solicitado figura la de que la actual esposa de Jordi M., que se encuentra en Colombia desde poco después de los hechos, declare de manera presencial o mediante una comisión policial o judicial que se envíe a aquel país, aunque ella tendría derecho a no hacerlo en su calidad de esposa.

Tanto la fiscalía como la acusación particular y las populares, que ejercen los ayuntamientos de los municipios en los que residían las víctimas, abogan por el trámite del tribunal popular.

Fuente EP Mundo La Vanguardia
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