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30
Jun

Gobierno aclara qué pasará con los etarras presos

“El Gobierno no va a excarcelar a presos ni hacer progresión de grados; serán las Juntas de Tratamiento las que determinen cada situación”, ha afirmado la portavoz del Gobierno Isabel Celaá, luego de las fuertes críticas recibidas por parte del PP, Ciudadanos y algunas asociaciones de víctimas.

La disolución de ETA va a llevar aparejado un replanteamiento de la política penitenciaria que se sigue con sus presos. El Gobierno de Pedro Sánchez no oculta esta posibilidad, teniendo en cuenta que, además, el PNV reclama una decisión en esta materia desde hace tiempo.

Para evitar la polémica que se avecina sobre esta materia, el Gobierno recalca que no se tratará de una medida colectiva sino que se va a proceder a estudiar cada acercamiento de forma individualizada, y así lo ha manifestado este viernes la ministra portavoz, Isabel Celaá.

Para contrarrestar las acusaciones de políticos del PP de que el Gobierno socialista va a proceder a excarcelaciones o a cambiar el grado de las penas para que los presos de ETA disfruten de beneficios penitenciarios, la portavoz recalcó que el Ejecutivo no se saldrá de la ley.

“No habrá ni progresión de grado ni mucho menos excarcelaciones”, afirmó Celaá en tono enfático al tiempo que pidió el abandono de “especulaciones infundadas”, por “el malestar que provoca en las víctimas”.

En estos momentos hay 241 presos de ETA encarcelados en España y una cincuentena en Francia. No se hará nada extraordinario sino que entrará en la normalidad esos acercamientos una vez disuelta la banda terrorista, quiere transmitir el Ejecutivo. “Ese acercamiento de presos será de forma individualizada, progresivo, ajustado a la legalidad, con transparencia y el máximo respeto a la dignidad de las víctimas”, señaló la ministra. Isabel Celaá ha desarrollado una larga actividad política en su comunidad, el País Vasco, y, al igual que muchos de sus compañeros del PSE-PSOE, ha tenido que vivir muchos años con escolta. Ahora, tanto el PNV, como el Gobierno vasco y los socialistas vascos consideran que es el momento de poner fin a la política de dispersión de los presos, así como de mantenerlos alejados de sus familias. De ello habló el pasado el lunes el lehendakari, Iñigo Urkullu, con Pedro Sánchez.

De ello dio cuenta el jefe del Gobierno vasco pero no así el Ejecutivo central. Sí dejó claro el gobernante vasco que no había plazos previstos ni fijados en esa reunión pero que se trataba de una decisión compartida. Incluso trascendió que se empezaría por presos enfermos y mayores de 70 años, algo que el Gobierno no ha querido corroborar oficialmente. Para la ministra serán Instituciones Penitenciarias y las juntas de tratamiento de las prisiones las que decidan el régimen de los presos.

Cuentas en el Parlamento

Ante las reacciones en contra, el Gobierno recuerda que fue durante el mandato del presidente José María Aznar cuando se acercó a un centenar de presos a las cárceles vascas en los años 1996 y 1997. “Ningún partido de la oposición criticó al Gobierno del PP por esos acercamientos, que tuvo todo el apoyo y la comprensión de las fuerzas políticas”, rememoró la ministra portavoz. El Gobierno esgrime el informe que dejó el anterior ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, sobre un eventual acercamiento de los presos de ETA.

Estos argumentos serán utilizados en el Congreso ya que Ciudadanos reclama a Pedro Sánchez que acuda a dar explicaciones por este plan. La petición lleva consigo una fuerte carga crítica al acusarle de “romper el consenso constitucional”, según manifestó la portavoz adjunta de Ciudadanos, Melisa Rodríguez. En el fondo de este argumento está la consideración de su grupo, y también del PP, de que Sánchez llegó a La Moncloa gracias a “pactos oscuros” con los nacionalistas del PNV. “Los españoles que creemos en una justicia igual para todos debemos oponernos al pacto de Sánchez con Bildu-PNV para conceder privilegios y excarcelaciones a los etarras”, escribió en Twitter, Albert Rivera.