Horror de un médico, un proxeneta y un cliente contra una prostituta

El relato resulta inhumano. Una joven prostituta de 18 años mantuvo relaciones sexuales casi a diario con el cliente del club de alterne en el que trabajaba, siempre sin preservativo, hasta que se quedó embarazada. Decidió tener el bebé, pero sus deseos chocaron con los intereses del padre, casado y con hijos y que, con la obligación de un médico y del propietario del club de alterne, la obligaron a abortar en una clínica clandestina con escasas medidas higiénicas y sin anestesia. Ahora los tres hombres serán juzgados por un delito de aborto ilegal bajo coacción.

Los hechos ocurrieron en Lugo entre febrero y marzo de 2009 y salieron a la luz en el marco de la macrocausa judicial contra la prostitución abierta en el Juzgado de Instrucción número 1 de la ciudad bajo el nombre de operaciónCarioca. Ocho años después, la Fiscalía ha solicitado la apertura de juicio oral contra el médico que practicó el aborto, C.J.A.M.; el responsable del prostíbulo, J.M.G.A., y el supuesto padre del bebé, R.L.L.T., a través de un escrito de acusación en el que reclama cuatro años y medio de prisión para cada uno.

El sumario de la operación Carioca, sobre la que planea una petición de archivo parcial, recoge el relato de esta víctima, una joven que tomó la decisión de seguir adelante con su embarazo pese a tener una situación económica complicada y escaso arraigo social en Lugo -su familia estaba en su país, Colombia, y en España tan sólo contaba con el apoyo de unas tías con las que apenas tenía relación-, pero sus deseos fueron frustrados con un episodio aterrador que no olvidará.

La chica le comunicó al padre “que quería tener el hijo” al menos en dos ocasiones, una en persona y otra por teléfono, pero él siempre mostró su total oposición y le dijo “que se lo tenía que sacar”, pues “él tenía una familia” y “le iba a desheredar”.

Ella insistió, pero entró en escena un segundo hombre que truncaría sus deseos, el responsable del prostíbulo, del que ella asegura que le parece que tenía relación tanto con el padre de la criatura como con el médico que practicó el aborto. Se trata de J.M.G.A., supuesto cabecilla del caso Carioca y con antecedentes judiciales por violencia de género por los que fue condenado a 21 años de prisión.

La clínica en la que se practicó el aborto, según el fiscal, carecía de los permisos reglamentariamente, ya que no le había sido concedida ni la licencia para funcionar como clínica, ni siquiera como consulta. Además, el escrito de la Fiscalía insiste en que el proxeneta que acompañó a la víctima sabía que el local “no tenía autorización para practicar abortos” e insiste en que carecía de los medios sanitarios adecuados, sin contar con personal de auxilio o enfermería de ningún tipo.

Según el relato de la víctima, el aborto lo pagó el presunto padre, unos 400 euros, pero a ella la llevó a la clínica el proxeneta. Quedaron muy temprano en una cafetería próxima, él apareció acompañado de su hija y una amiga y la acompañó asta el local, pero luego la dejó sola, enfrentándose a una intervención de la que define que “fue horrible”.

La clínica del horror

La descripción que hace del proceso así lo acredita. Nada más entrar, ya le pareció “muy rara”, no tenía ni enfermera y la sala de la intervención “era horrible”. Nada comparado con lo que le esperaba, pues el médico “no le introdujo ninguna anestesia, intravenosa, ni bucal ni vaginal”.

Le ató las piernas a la camilla con una correa y utilizó en la intervención aparatos que eran “viejísimos” y que además “no vio que ningún momento limpiara”. Ella “gritaba de dolor”, pero no encontró ninguna empatía por parte del doctor, que incluso, según ella sostiene, le dijo “joder, eres la chica más quejica que he tenido”, y la obligo a ser ella misma la que se sujetaba la cánula y el succionador que utilizó para intervenirla.

Antes de la intervención le hizo una ecografía que reveló que estaba embarazada de cuatro semanas, pero la chica indica que el doctor no le preguntó ni por los motivos del aborto ni le hizo ninguna prueba médica ni análisis de sangre para determinar su estado de salud. Tampoco tras el aborto, pues le hizo una nueva ecografía que a ella le pareció “que no hacía debidamente”.

Terminada la intervención, cogió un taxi y se fue para casa, pero el horror no había terminado. Decidió irse de la ciudad y optó por Murcia porque allí tenía amigas y “se quedó muy mal” tras el aborto. Una vez allí, tuvo que acudir al médico porque sangraba y le dijeron que le había quedado dentro parte de la placenta. Tras dos o tres meses allí, volvió a Galicia, pero no volvió a tener ninguna relación con el cliente.

Calificación alternativa

El aborto se practicó, según recoge el fiscal, sin recabar el consentimiento expreso y por escrito de la víctima, de modo que, contravino de forma flagrante lo dispuesto en la Ley 41/2002 (artículos 2 y 8 entre otros).

El fiscal considera que los tres tienen la misma implicación en los hechos y que deben cumplir la misma condena, cuatro años y medio y la indemnización a la víctima con 6.000 euros. Al ginecólogo también pide que le impongan cuatro años de inhabilitación especial para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos públicos o privados.

En caso de que el juez no considere acreditados los hechos que relata la Fiscalía, también recoge una calificación alternativa en la que tan sólo salga condenado el médico, en su caso, por un delito de aborto, a un año y dos meses de prisión y dos años de inhabilitación profesional.

Fuente EP Mundo El Mundo
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