Jueza Lamela procesa como criminal a Trapero y no lo salva nadie

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha procesado al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, por dos delitos de sedición y otro de organización criminal por la pasividad del cuerpo policial durante la celebración del referéndum del 1 de octubre así como los hechos ocurridos en la Conselleria de Economía el pasado 20 de septiembre.

La instructora también cierra la instrucción por organización criminal y un único delito de sedición, por el 1 de octubre, al exdirector general de los Mossos, Pere Soler, y al exsecretari general d’Interior, César Puig. La magistrada procesa, además, a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición, en su caso por los hechos del 20 y 21 de septiembre.

Según explica en la resolución, los procesados “han desempeñado sus actividades como miembros de una compleja y heterogénea organización unida por el propósito de lograr la secesión de Catalunya y su proclamación como república independiente, al margen de las vías legales”, con la pretensión de alterar la organización política del Estado y con ello la forma de Gobierno, “con clara contravención del orden constitucional y estatutario”.

La juez de la AN también procesa al exdirector de los Mossos Pere Soler, al exsecretari general d’Interior de la Generalitat César Puig y a la intendente Teresa Laplana

En el marco de una “estrategia premeditada y perfectamente coordinada”, Lamela entiende que hay un reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles, para llevar a cabo la secesión. Tanto en los días 20 de septiembre y 1 de octubre, los Mossos, según Lamela, se mantuvieron al margen de cualquier actuación desarrollada por la Policía y la Guardia Civil, con una conducta dirigida “a obstruir cualquier actuación que bloquease el plan estratégico hacia la independencia”, siguiendo una pauta anunciada previa y públicamente por los responsables políticos Joaquím Forn (exconseller de Interior), Pere Soler y César Puig.

Puigdemont, jefe de la organización

Lamela sostiene que el 1-O hubo un “plan premeditado” por la cúpula policial de los Mossos, comandada por Trapero, para evitar actuar y “enmascarada bajo los principios de actuación policial de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, fue de total inactividad”.

La juez concluye que Trapero, Soler y Puig formaban parte de una organización criminal donde los procesados obedecen a pautas de subordinación y trabajo en grupo bien definidas. Considera que se dan los requisitos de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación para concluir que los tres procesados integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el presidente de la Generalitat”.

Una organización estable desde hace dos años

En el auto de procesamiento, Lamela explica que esta organización es estable desde hace dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre”.

Omitieron su deber

La juez considera que la actuación de los miembros del Cuerpo de los Mossos d´Esquadra los días 20 y 21 de septiembre así como su actuación el 1 de octubre encaja en el delito de sedición, como autores o cooperadores necesarios en comisión por omisión, al omitir, con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva aconteció ante la sede de Economía: “que la muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente en el edificio de Economía y, “ con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.

“Lejos de actuar –añade Lamela- se limitaron a aparentar la imposibilidad de tal cumplimiento a la vista del tumulto de personas concentradas en el edificio, cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registro por orden judicial”.

En el caso de la jornada del referéndum, la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir aquella orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.

Fuente EP Mundo La Vanguardia
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