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Sep

Los Franco impugnan la exhumación del dictador

Actualizado: 04/09/2018 10:14

Ante la Defensoría del Pueblo llegó un escrito presentado por los siete nietos del dictador Francisco Franco donde solicitan impugnar la decisión del Gobierno de exhumar los restos de su abuelo del Valle de los Caídos ante el Tribunal Constitucional.

El escrito lo ha interpuesto el abogado Felipe Utrera Molina, en representación de los siete nietos del militar: María del Carmen, Mariola, Francisco, Mar, Cristóbal, María Aránzazu y Jaime. La familia Franco dice en su recurso que la exhumación de los restos del autócrata es “en contra de la voluntad de sus descendientes”.

La familia del dictador, que rechaza la forma elegida por el Gobierno —un decreto ley— para la exhumación porque considera que solo cabe en casos de “extraordinaria y urgente necesidad”, ya había advertido en un burofax el 23 de agosto al Ejecutivo de que si sigue adelante con el proceso para retirar los restos del militar podría incurrir en un delito de prevaricación y usurpación de funciones y otro de “profanación de sepultura”. Franco es la única persona que descansa en el Valle de los Caídos, un mausoleo gigantesco construido entre 1941 y 1959 por unos 20.000 hombres —muchos de ellos presos políticos—, que no fue víctima de la Guerra Civil. Lo hace, además, con todos los honores desde hace 43 años.

Según el escrito presentado por la familia, “no se puede entender en modo alguno que concurra tal presupuesto [de necesidad y urgencia] en el presente caso, al no tratarse de una situación que haya surgido de nuevas y que requiera de una regulación legal inmediata”, afirma el escrito, que recuerda que Franco está enterrado en el Valle de los Caídos desde 1975. Se trata, según la familia del dictador, de “una situación perfectamente estable y consentida de forma pacífica durante décadas y que no está afectada por ninguna circunstancia que exija una inmediata actuación”.

La familia Franco considera que el real decreto ley vulnera el artículo 86.1 de la Constitución que establece que, “en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes”. “Las excusas —que no causas justificativas— que esgrime el real decreto ley para amparar su dictado no son en absoluto convincentes ni sostenibles, puesto que las resoluciones e informes en que pretende basarse no exigen, por su propia naturaleza, una actuación urgente e inmediata”, señalan.

Los nietos de Franco aluden a la proposición no de ley aprobada por el Congreso en mayo de 2017 que pedía la exhumación de los restos, así como al informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas e involuntarias. También agregan en su escrito que la “extralimitación” del Ejecutivo “que supone aprobar por decreto ley lo que debería ser objeto de tramitación parlamentaria plena, no solo afecta a los intereses particulares” de la familia Franco, sino “al interés general de todos los ciudadanos, que tienen derecho a que sus representantes políticos en el Parlamento participen en la elaboración de las normas legales”.

La familia de Franco ya había dejado ver que agotaría los recursos legales a su alcance para impedir la exhumación en el Valle de los Caídos de los restos mortales del dictador. Además del burofax remitido a Moncloa, el día siguiente de la aprobación del decreto ley en Consejo de Ministros, los Franco hicieron público un comunicado en el que afirmaban que “bajo ningún concepto” colaborarían “activa o pasivamente” en la decisión del Gobierno del PSOE. Solo unas horas antes, Francis Franco, el nieto mayor del militar golpista, calificó de “ridícula” la medida de Moncloa en declaraciones a Antena 3.

El Ejecutivo, sin embargo, comenzó este pasado viernes el procedimiento para la exhumación, con la aprobación de un acuerdo de incoación, que designa un órgano instructor y da 15 días a la familia para que puedan personarse, presentar alegacionesy comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco. Si no se hacen cargo de ellos, Moncloa decidirá adónde van. Aunque la familia se opone, no podrá actuar jurídicamente contra el decreto. Lo que sí podrá hacer es recurrir la decisión administrativa ante la Audiencia Nacional.