Los nuevos cambios a la justicia que propone el Gobierno de Iván Duque

Antes del mediodía de este jueves, la ministra Gloria María Borrero estará radicando en el Congreso el proyecto de reforma del Gobierno Duque.

‘Transparencia, eficiencia y calidad en la administración de justicia y seguridad jurídica” son el corazón del proyecto que el Gobierno implementará para lograr la esperada reforma a la justicia, que se ha visto frustrada por distintas razones en los últimos años.

El proyecto no incluye la creación de una sola supercorte, que fue una de las banderas iniciales de la campaña de Duque pero que no les gustaba ni a muchos sectores académicos ni a los actuales magistrados y, plantea, una regulación para ordenar la acción de tutela, especialmente contra decisiones judiciales.

Para asegurar la probidad en la justicia, el proyecto plantea que la única función electoral que se debe conservar en las Cortes, específicamente en la Suprema de Justicia, sea la del Fiscal General por ser el suyo un cargo claramente judicial.

Las cortes perderían así la posibilidad de alternar candidato a la Procuraduría y tampoco elegirían Auditor ni Registrador, procesos en los que muchas veces los magistrados terminan siendo objeto de presiones u ofrecimientos políticos.

El proyecto plantea que los dignatarios de la Rama no pueden litigar directa o indirectamente ante su jurisdicción durante cuatro años, tiempo en el cual tampoco podrían postularse a cargos de elección popular. Además, para ser magistrado la experiencia mínima subiría a 20 años de ejercicio profesional.

Para acabar con los llamados ‘bloqueos institucionales, se plantea regular por ley las mayorías y el quórum para elegir. Una propuesta polémica es que “si no se logra la elección en una primera votación, las mayorías requeridas irían descendiendo”.

Con el fin de “restaurar la confianza en las cortes” se ampliaría la facultad de las Salas Plenas “para suspender a los magistrados cuya conducta afecte gravemente la confianza pública en la corte”. Se requeriría mayoría calificada. Ese mecanismo ya existe hoy y se aplicó, por primera vez, con el magistrado Gustavo Malo, uno de los protagonistas del escándalo del ‘cartel de la Toga’.

Un mecanismo novedoso es la celebración de audiencias de confirmación de la elección de magistrados de altas cortes, el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Auditor General de la República.

Ese mecanismo se usa en Estados Unidos, donde el Congreso avala los principales nombramientos realizados por el Ejecutivo, incluidos embajadores y secretarios (ministros). Acá se plantea que “cuando el candidato sea seleccionado en primer término, se celebrará una audiencia pública de confirmación ante el órgano elector para que la ciudadanía pueda examinar los antecedentes del nominado, y con ello el nominador autorice la posesión. El órgano elector decidirá la confirmación con mayoría simple”.

Para acabar con la impunidad histórica que rodea las investigaciones de la Comisión de Acusaciones, se plantea agilizar los procesos que lleva esa instancia y que en todo caso son eminentemente políticos. Se mantendría el antejuicio político que hoy existe, pero sería más rápido y expresamente se dirá en los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución para aclarar que el Congreso no ejerce funciones jurisdiccionales sino políticas.

El proyecto dice que los periodos del Fiscal, el Procurador y el Auditor General serán institucionales y no personales. Esto implica que si eventualmente hay una renuncia, el reemplazante solo completará el periodo del titular. Pero el proyecto plantea un cambio fundamental frente a la reforma del 91, pues pone a coincidir los periodos del Fiscal General con el del Presidente de la República (que lo terna). De esta manera, un Gobierno garantizaría que el Fiscal que postuló estará en el cargo por su cuatrenio.

En materia de aplicación de justicia, un cambio clave sería la posibilidad de que los jueces de garantías dicten sentencia en los casos en los que hay aceptación de cargos. Así se evitaría lo que pasa hoy: que personas que admiten su responsabilidad penal incluso quedan libres porque la audiencia de fondo se demoró demasiado.

El Gobierno plantea la unificación de jurisprudencia de las altas cortes, que a su vez obligarán a los jueces a aceptar y aplicar ese precedente jurídico. “A la Corte Suprema de Justicia se le da la función explícita de unificar la jurisprudencia. A esta y al Consejo de Estado se les otorga la facultad de seleccionar los procesos para ese efecto, de conformidad con los criterios que defina la ley”.

Fuente EP Mundo Globovisión
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