Miami tiene grandes noticias para los trabajadores

En un caso que siguen de cerca grupos empresariales y gobiernos locales, la Ciudad de Miami Beach está pidiendo a la Corte Suprema de Florida que actúe rápidamente en una batalla sobre la legalidad del salario mínimo en una localidad.

Los jueces acordaron el mes pasado aceptar la apelación de Miami Beach en relación con un fallo que impidió que entrara en vigor una ordenanza del salario mínimo.

La ordenanza, aprobada en el 2016, planeaba establecer el salario mínimo en esa ciudad en $10.31 por hora este año, con aumentos incrementales anuales hasta llegar a $13.31 por hora en enero del 2021. El salario mínimo estatal este año es $8.25 por hora.

Los abogados de la Ciudad presentaron una demanda legal en la Corte Suprema esta semana y le pidieron a los jueces que emitieran una decisión antes del 1 de enero.

Un calendario tan acelerado permitiríaque, si la Ciudad gana el caso, desde enero entre en vigor un salario mínimo más alto.

“Obviamente, todos los trabajadores con bajos salarios en la ciudad sufren un daño inmediato, continuo e irreparable cada día que esperan por la decisión de este tribunal”, argumentaron los abogados de la Ciudad en el informe del martes.

Derechos

“Ese daño aumentará exponencialmente el 1 de enero del 2019 y continuará en cada cheque de pago a partir de entonces, si no se les concede el segundo aumento incremental provisto por la ordenanza”.

Al aliarse con oponentes como Florida Retail Federation, la Cámara de Comercio de Florida y la Florida Restaurant & Lodging Association, el Tercer Tribunal de Distrito de Apelaciones dictaminó en diciembre que la ley estatal impide que Miami Beach siga adelante con el incremento del salario mínimo. El tribunal de apelaciones dijo que una ley estatal de “prioridad” impide que los gobiernos locales establezcan salarios mínimos.

El caso, en parte, se centra en una enmienda constitucional del 2004 que creó un salario mínimo más alto en Florida que el salario mínimo federal. Miami Beach sostuvo que la enmienda constitucional también le permitió establecer un salario mínimo diferente.

El tribunal de apelaciones dijo, sin embargo, que una ley estatal anterior impidió a los gobiernos locales establecer salarios mínimos y que la enmienda constitucional no modificó esa ley de “prioridad”.

Promesa en proceso

“Ciertamente, si los redactores de [la enmienda constitucional] quisieran restringir la capacidad de la Legislatura para prohibir a un municipio adoptar su propia ordenanza de salario mínimo, podrían haber empleado un lenguaje claro y directo para lograr ese propósito”, dijo un panel de la corte de apelaciones.

“Por alguna razón, los redactores de la disposición optaron por no incorporar ese lenguaje en el texto de la enmienda y declinamos la invitación de la Ciudad para que lo haga por medio de un mandato judicial”.

Pero los abogados de la Ciudad cuestionaron esa interpretación de la enmienda constitucional del 2004 en el escrito presentado esta semana.

“La ordenanza de la ciudad es… válida porque el estatuto anticipado de prioridad, que prohibió las ordenanzas locales de salario mínimo, entra en conflicto con la enmienda del salario mínimo promulgada en el 2004, que explícitamente establece que no prohíbe ordenanzas de salario mínimo local más altas”, indica el escrito.

Los grupos empresariales y la oficina de la procuradora general Pam Bondi argumentaron que la Corte Suprema no debería ocuparse del caso. Pero el tribunal emitió una orden el 29 de agosto aceptando el caso. Los jueces Barbara Pariente, R. Fred Lewis, Peggy Quince y Jorge Labarga apoyaron la medida, mientras que el presidente del Tribunal Supremo, Charles Canady, y los jueces Ricky Polston y Alan Lawson se opusieron.

En la orden, el tribunal no estableció una fecha para los argumentos orales.

Fuente EP Mundo El Nuevo Herald
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