Mira a quienes suspendieron de sus cargos por rebelión

En horas de la mañana de este martes, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acaba de suspender cautelarmente a los seis de los diputados catalanes que se encuentran encarcelados o que pesa sobre ellos una orden de detención e ingreso en prisión por un delito de rebelión.

El instructor adopta esta decisión después de que la sala de Apelación del alto tribunal haya confirmado el procesamiento por este delito y da por concluida la fase de instrucción.

Los afectados son el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont -en Alemania pero con una orden de ingreso en prisión-, los encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Rull, Josep Turull y Jordi Sànchez. A Toni Comín, en Bélgica como Puigdemont, se le ha concedido un plazo antes de ser suspendido.

A la que no afecta esta medida es a Meritxell Serret, que ha sido nombrada delegada del Govern ante la Unión Europea, ya que ella está procesada por malversación y desobediencia, pero no por rebelión.

Al tratarse de una suspensión cautelar mantendrían el acta salvo que ellos renuncien

El magistrado ha dictado un auto suspendiendo de sus funciones a los siete diputados en aplicación al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por el que los procesados deben ser suspendidos para ejercer el cargo público que estén ostentando.

Se trata de una suspensión cautelar, por lo que mantendrán el acta salvo que ellos renuncien o sean finalmente condenados.

El artículo dice “Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Este auto será notificado al Parlament, presidido por Roger Torrent, quien tendrá que ejecutar la resolución y suspenderles de sus funciones hasta la celebración del juicio y dictada la sentencia. En caso de que finalmente quedaran absuelto recuperarían sus cargos.

En caso contrario, por vía sentencia ya serían inhabilitados para ejercer cargo público por un determinado tiempo.

Respecto de Comin, el juez no le suspende todavía y le da un plazo para que recurra el auto de procesamiento, después de las alegaciones del abogado.

Junto a la suspensión, Llarena ha dado por finalizada la instrucción y ha dictado el auto de conclusión, en el quer se fija la rebeldía de los procesados fugados, entre los que están el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En la resolución, el magistrado explica que no puede imponer que los grupos parlamentarios en los que se integran los procesados hayan de renunciar a su mayoría parlamentaria durante el periodo de la suspensión de los cargos.

“Tampoco resulta cohenrente que una suspensión provisional imponga, como única manera de mantener la mayoría parlamenaria, que los suspensos renuncien definitivamente al derecho de representar a sus electores”.

El juez considera obligado comunicar a la Mesa del Parlament que Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull, Rull y Sànchez “han quedado suspendidos en las funciones y cargos públicos que estaban despempeñados, debiendo de proceder la mesa del Pârmanet a adoptar las medidas precisar para la plena efectividad a la previsión legal”.

Esta decisión ya no es recurrible ante Llarena. Únicamente podría solicitar su revocación ante la Sala de lo Penal.

Llarena deja la puerta abierta a que los cargos y funciones públicas que corresponden a los procesados suspendidos puedan ser ejercidos de manera plena, pero temporal, por otros integrantes de sus respectivas candidaturas, si tal decisión se contemplara por el Parlament.

El auto de conclusión, por el que da por zanjada la fase de instrucción, sólo afecta a los procesados que se encuentran a disposición del juez.

Así, respecto de los que se encuentran huidos de la Justicia española -Puigdemont, Antoni Comin, lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Marta Rovira y Anna Gabriel-, el juez ha acordado en otro auto declararlos en rebeldía. Esto supone que se suspende el curso de la causa respecto a éstos, que quedarán en otra pieza separada mientras no se encuentren a disposición del juez.

Desafío a la democracia

En uno de los autos, Llarena subraya que la suspensión provisional de los cargos de aquellos que están procesados por rebelión y se encuentran en prisión incondicional se trata de una medida “pública y extraordinaria” que “persigue preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo por la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad”.

Asimismo, recuerda que, a diferencia de lo que ocurre con una pena que comporte la privación definitiva del derecho de representación (inhabilitación), el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla una medida de eficacia meramente provisional.

Por ello, remarca que esta posibilidad “resultaría ineficaz si la lógica y legítima aspiración de mantener la mayoría parlamentaria obtenida en los comicios, forzara a los procesados suspendidos a renunciar de manera irrevocable a una representación que la ley les limita sólo temporalmente”.

Fuente EP Mundo La Vanguardia
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