Religiosos chilenos bajo la lupa por indecentes

Cuando faltaba apenas una semana para la visita del papa Francisco, la Congregación de los Hermanos Maristas en Chile admitió que silenciaron abusos sexuales a menores. A través de una entrevista en el medio español “El Periódico”, sus tres voceros dijeron que “estas cosas no se ventilaban. Ni para dentro ni para fuera”.

Mariano Varona, uno de los portavoces, confesó que en 1981 un aspirante a marista le contó que el cura Armando Alegría tenía una denuncia por pederastia, pero no actúo porque no creía que se tratara de abusos sexuales sino “más bien de juegos eróticos y de fotografías de desnudos entre Armando y el muchacho”. “Lo que me contó a mí era como un secreto de confesión. No correspondía denunciar”, afirmó Varona.

Los hechos habrían ocurrido entre 1970 y el 2010 en cinco colegios distintos, con 30 ex alumnos denunciando ataques que quedaron en total impunidad. “Jamás vimos nada. Y si alguien lo vio y avisó al director, él nunca lo transparentó. Cosa que solía ser costumbre”, añadió Varona, quien junto a sus compañeros lamentó los “errores” del pasado.

Esta reciente revelación trajo a la memoria el caso del sacerdote Fernando Karadima, formado en el Seminario Pontificio de los Santos Ángeles Custodios, de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, que fue suspendido y condenado canónicamente a una vida de “penitencia y oración” luego de que en el 2011 lo culparan de pedofilia, efebofilia (interés sexual hacia los adolescentes) y abuso de su potestad eclesiástica. Y pese a eso, en el 2015, Juan Barros, acusado de encubrir a Karadima, asumió como obispo de Osorno y esa decisión sigue generando problemas hasta hoy.

Las denuncias

Según una investigación del diario “La Tercera”, en los últimos 15 años, 80 sacerdotes y religiosos católicos han sido acusados por abuso sexual en Chile. De ese total, 45 fueron condenados por la justicia civil o canónica y de ellos 34 tienen como víctimas a menores de edad.

Además, 11 causas se mantienen pendientes de resolución y otras seis fueron cerradas ya sea por traslado del cura denunciado a otro lugar o por fallecimiento del sacerdote.

Los 80 religiosos son: cuatro obispos, 66 sacerdotes, un diácono, dos consagrados y seis hermanos maristas. “La Tercera” también menciona el caso de una monja, Isabel Margarita Lagos, sor Paula, quien falleció en el 2012 tras ser removida como superiora de Las Ursulinas, denunciada por abuso sexual contra alumnas.

Talleres de prevención

Estos delitos afectan a varias congregaciones, entre ellas la Salesiana, los Maristas y la Orden de la Merced que entre las tres acumulan catorce denuncias. También hay acusaciones a sacerdotes extranjeros que estaban en Chile, como el peruano Gerardo Araujo (franciscano) que abusó de un niño de 12 años, o el irlandés Jeremiah Healy.

A raíz del Caso Karadima, la Conferencia Episcopal Chilena creó el Consejo de Prevención de Abusos y Acompañamiento a Víctimas. Esta instancia realiza, entre otras actividades, talleres de prevención a nivel nacional desde la etapa de formación pastoral y además abordan contenidos acerca de cómo la Iglesia lucha contra esta lacra y su implicancia en la legislación chilena y la normativa canónica.

Cada diócesis chilena tiene a una persona que está disponible permanentemente para recibir eventuales casos de abuso contra el clero. Ese encargado debe recibir la denuncia, enviarla a la autoridad eclesiástica respectiva, orientar a las víctimas y llevar una estadística de la materia. La autoridad eclesiástica debe encargarse de investigar el caso e iniciar, si lo amerita, un proceso canónico que incluye remitir la causa al Vaticano.

El protocolo del Consejo de Abusos y Acompañamiento a las Víctimas resalta en su punto 53 que “siempre se debe respetar e incluso alentar que las víctimas ejerzan el derecho de actuar según su conciencia en cuanto a la denuncia a las autoridades estatales, sea que se trate de denuncias sobre hechos ya prescritos como recientes. No corresponde presionar moralmente a las víctimas para que se abstengan de denunciar”.

Fuente EP Mundo El Comercio
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