Trump va en serio con una amenaza que promete hacer correr a los inmigrantes

Pese a que sería una violación a la Constitución estadounidense y acarrearía severas demandas judiciales, Donald Trump reiteró este lunes su advertencia para los inmigrantes ilegales que piden asilo en la frontera de eliminar el derecho al proceso judicial.

Trump recurrió nuevamente a su cuenta en Twitter para indicar que la contratación de más jueces para agilizar los casos de asilo sería, a su juicio, un largo y tedioso proceso legal y un desperdicio de tiempo y recursos.

“El contratar a miles de jueces y realizar un largo y complicado proceso legal no es la forma de proseguir- siempre será disfuncional”, argumentó Trump.

Según el mandatario, los inmigrantes que no cruzan a través de uno de los 26 puertos de entrada a Estados Unidos tienen que ser frenados en la frontera, y eso pondrá coto a la inmigración ilegal “a muy bajo costo”, en comparación con su detención y enjuiciamiento.

“Esta es la única respuesta resal- y debemos continuar construyendo el muro!”, insistió Trump.

Horas más tarde, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, reforzó las afirmaciones de Trump de que los inmigrantes indocumentados deben ser deportados de forma expedita, aseguró que ésos tienen acceso a debido derecho aunque no vean un juez, y

culpó a los demócratas de promover “fronteras abiertas”.

Sanders matizó que no es que la Administración se oponga a más jueces para agilizar los casos atascados en los tribunales sino que es preferible “frenar el problema desde el comienzo”.

Asimismo, Sanders calificó de “inaceptable” que los empleados de la Administración o partidarios de Trump sean acosados en público, como le ocurrió a ella en el restaurante Red Hen, en Virginia, y anteriormente a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen y un asesor político de Trump, Stephen Miller.

El domingo, el mandatario ya había indicado que las autoridades de Inmigración deben frenar el paso a los inmigrantes indocumentados, “sin jueces o casos en los tribunales” y deportarlos de inmediato.

Sólo que las leyes estadounidenses permiten que las personas que huyen de la violencia puedan solicitar asilo al llegar a la frontera, y tienen derecho a defender su caso en los tribunales de Inmigración.

La Constitución estadounidense consagra el derecho al debido proceso, por lo que aún si el Congreso le concediera su deseo a Trump, esa política con seguridad afrontaría litigios en los tribunales federales.

Desde que la crisis humanitaria estalló en la frontera, Trump y el resto de su Administración han lanzado una campaña de control de daños por la mala prensa que generó su práctica de separar a niños de sus padres en la frontera.

Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles pasado para eliminar esa práctica pero, desde entonces, también ha continuado sus ataques contra los inmigrantes indocumentados, aludiendo a ellos como personas que “invaden” o “infestan” el país.

Para los activistas de la comunidad inmigrante, y abogados que siguen de cerca la situación, la política de separación familiar no sólo viola los derechos de los migrantes sino que tampoco frenará la emigración ilegal desde Centroamérica.

Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dejó en claro que el plan de Trump sería, sin lugar a dudas, una violación de las leyes, la Constitución y el derecho internacional.

Jadwat instó a los legisladores a que rechacen el plan de Trump si es que se toman en serio los derechos constitucionales.

La ACLU ha entablado una demanda contra la Administración por la separación de familias, y hoy pidió a un juez federal en San Diego (California) a que bloquee de inmediato esa práctica, por considerar que la orden ejecutiva de Trump le da licencia para continuarla.

Por su parte, Lauren Eagan, una abogada de Inmigración, dijo a este diario que bajo las leyes de EEUU “los inmigrantes que cruzan la frontera tienen derecho a una audiencia judicial. Las declaraciones del presidente Trump de ignorar las leyes de nuestro país es una retórica muy peligrosa y va en contra de nuestros principios como país”.

Combate sin tregua

El fiscal general, Jeff Sessions, anunció en abril pasado la criminalización de los inmigrantes detenidos en la frontera, lo que dio licencia para la separación de familias.

Durante un discurso hoy en Nevada, Sessions continuó repitiendo su libreto de que si EEUU no enjuicia a quienes cruzan ilegalmente la frontera, el efecto predecible será más flujo de inmigrantes indocumentados.

“El presidente lo ha dejado claro: vamos a continuar enjuiciando a aquellos adultos que entran aquí ilegalmente. Pero vamos a hacer todo en nuestro poder para evitar la separación de familias. Todas las agencias federales están trabajando duro para lograr esa meta, especialmente para cuidar a los niños”, dijo Sessions.

Si en 2013, el número de adultos que entraron ilegalmente con niños fue 14,000, el año pasado esa cifra creció por cinco, a un total de 75,000, dijo el fiscal general, quien insistió en que “el 80% de los casos de asilo no tienen mérito”.

Sessions afronta una demanda por parte de más de 600 líderes de la Iglesia Metodista Unida por abuso de menores, inmoralidad y discriminación racial, a la luz de testimonios sobre el trauma que los niños y jóvenes han sufrido al ser separados de sus padres –incluyendo bebés- y trasladados a miles de millas de distancia.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades ya han logrado reunificar a 522 familias, de las poco más de 2,400 niños que fueron separadas desde el anuncio de Sessions.

Los activistas y abogados sobre el terreno, entre estos el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, han denunciado los ataques de Trump y describen escenas de caos y confusión entre padres que quieren recuperar a sus hijos.

Existe la probabilidad, según observadores, de que, por trabas burocráticas y descoordinación entre las agencias, muchas familias no sean reunificadas.

Colin Rogero, director creativo y socio de la firma política ” 76 Words”, señaló que “no se trata sobre de dónde viene la gente sino de quiénes somos como país.

“La mayoría de los americanos no apoya encerrar a niños, separar a familias, y decir que otros seres humanos no se merecen el debido proceso legal sobre el cual se fundó este país”, puntualizó.

Fuente EP Mundo El Diario de New York
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