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La Justicia se pone severa con el presidente del fútbol español

El juez Santiago Pedraz ha enviado a prisión sin fianza al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y a su hijo Gorka por un posible perjuicio de millones de euros a las arcas del organismo, han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado.

Previamente, la Fiscalía Anticorrupción había pedido ya el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y su hijo Gorka.

Las fiscales Inmaculada Violán y Esther González han pedido al juez Santiago Pedraz que envíe a prisión a ambos tras tomarles declaración desde las 10.00 hasta las 13.30 horas, y, tras la celebración de la correspondiente vistilla para la adopción de medidas cautelares, el juez de la Audiencia Nacional decidirá si decreta la prisión, han informado a Efe fuentes jurídicas.

Padre e hijo y los otros dos arrestados en esta operación -el presidente de la federación tinerfeña, Juan Padrón, y el secretario de esa federación regional, Ramón Hernández Baussou- han sido trasladados esta mañana por la Guardia Civil a la sede de la Audiencia Nacional tras ser detenidos este martes.

Pedraz y las fiscales llevan toda la mañana tomando declaración a los detenidos, y según fuentes de la Audiencia Nacional a las 15.20 horas estaba siendo interrogado el tercero de los cuatro detenidos, Juan Padrón.

Los cuatro, que han permanecido en dependencias de la Guardia Civil, se acogieron ayer a su derecho a no declarar ante los agentes de la UCO que han dirigido esta operación en la que se les acusa de lucrarse en beneficio propio de al menos 45 millones de euros de las arcas del ente federativo.

Ángel María Villar ha llegado a la Audiencia Nacional sobre las ocho de la mañana a bordo de un coche, mientras que el resto lo ha hecho una hora y media después en furgón policial.

Tras esquivar en los últimos años varios escándalos de corrupción, como el caso FIFA, Ángel María Villar, de 67 años, fue arrestado en una investigación que se inició a raíz de una denuncia del Consejo Superior de Deportes (CSD) presentada en 2016.