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Juez asegura que nueva y polémica ley en Argentina es anticonstitucional

La nueva resolución en el reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federal de Argentina, fue declarada inconstitucional por el juez de la ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, cabe destacar que dicha resolución fue impulsada por el Ministerio de Seguridad.

La cartera liderada por Patricia Bullrich elaboró un nuevo ‘Reglamento general para el empleo de armas de fuego’, donde especifica todas las situaciones en las que está permitido disparar.

El documento, por ejemplo, estipula que cualquier oficial de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria puede proceder a disparar bajo la sospecha de que el presunto delincuente posea una arma o cuando considere que, aún desarmado, pueda representar una amenaza letal para sí mismo u otras personas. Estas situaciones no estaban contempladas antes por la norma.

Frente a esto, la legisladora de la capital argentina Myriam Bregman y la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI), hicieron una presentación en contra de la medida.

Según reseñó La Izquierda Diario, sostuvieron que “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”.

El principal argumento remarca que supone una legalización de hecho de la pena de muerte –algo prohibido por la Constitución argentina–. Gallardo, magistrado en lo Contencioso Administrativo y Tributario, dio lugar a la cautelar y planteó la nulidad de la disposición.

Cuestionamiento del Gobierno

La respuesta al fallo judicial vino de la mano del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. En una entrevista con radio La Red, señaló que “llama la atención la competencia del juez Gallardo” y aseguró que “tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia”. En ese sentido, enfatizó no saber por qué un juez local interviene “en una reglamentación de fuerzas federales”.

Asimismo, defendió el nuevo protocolo y aseguró que “es una reglamentación interna, como tienen la mayoría de los países” y sostuvo que sigue “normativas de Naciones Unidas de cuál es el uso de la fuerza y en qué situación”.

De momento no se sabe si las autoridades apelarán la sentencia. De todas formas, como señaló la abogada Graciana Peñafort, una resolución ministerial no está por encima del Código Penal argentino, motivo por el cual resulta difícil que esta iniciativa avance.