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¡Sin salida! No creerás lo último del juicio a La Manada, veálo

El juicio a La Manada dio un giro inesperado, para los acusados, este miércoles la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) tras la deliberación de los recursos contra la sentencia que condenó a 9 años por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento confirmó por mayoría de 3 a 2 magistrados la condena de la Audiencia Provincial.

El tribunal ratificó así la decisión del pasado mes de abril que condenó a 9 años de prisión a los cinco acusados de violación grupal, en el juicio a La Manada.

Este nuevo fallo puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo.

La nueva sentencia cuenta con un voto particular compartido por dos de los cinco magistrados el presidente del TSJN, Joaquín Galve, y Miguel Ángel Abárzuza que estiman que habría que condenar a los cinco procesados por un delito continuado de violación, al apreciar la existencia de intimidación, a sendas penas de 14 años, 3 meses y un día.

Por unanimidad y como fundamentación importante, la sala en el juicio a La Manada destaca que da verosimilitud a la declaración de la denunciante, principal prueba de cargo.

El Tribunal Superior de Justicia mantiene que las relaciones sexuales enjuiciadas fueron llevadas a cabo por los procesados sin el libre consentimiento de la víctima.

Por lo que se refiere a la calificación jurídica de los hechos juzgados, la Sala por mayoría de 3 a 2 confirma la calificación de dichas acciones como abuso sexual continuado, porque el relato de los hechos probados de la sentencia recurrida excluye expresamente la violencia, en el juicio a La Manada.

Y, a juicio de la mayoría del Tribunal, es dudosa la concurrencia de la intimidación, necesaria para calificar aquellas acciones como agresión sexual o violación, puesto que los hechos probados no recogen la imprescindible acción intimidatoria o amenaza de los procesados, expresa o tácita.

Así, se aferran al fallo de la Audiencia Provincial en cuanto a lo más polémico de su sentencia, al dar por buena la apreciación de “prevalimiento” o “superioridad” en lugar de intimidación.

Pero los tres magistrados firmantes de la sentencia recuerdan “la sutil línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento, difícilmente perceptible, pues la víctima en el prevalimiento en alguna medida también se siente intimidada. Pero la Sala apela finalmente al principio in dubio pro reo”.

La presión mediática “no ha causado indefensión”

A lo largo de la sentencia, de 104 folios, en el juicio a La Manada la Sala desgrana los motivos planteados en los recursos. Por parte de las defensas se invocó la contaminación de las pruebas y la falta de imparcialidad de los juzgadores, como resultado de un juicio mediático paralelo y condenatorio que, según exponían, afectó a las pruebas de cargo y les causaban indefensión.

Para el Tribunal, que desestima dicho motivo, la publicidad no solo es un principio de ordenación del proceso, sino también una premisa para el ejercicio del derecho fundamental a la información que se vertebra a través de la libertad de prensa, sin excluir el derecho de los medios a posicionarse sobre la información vertida.

“La presión mediática no ha causado indefensión a los acusados”, se puede leer en el fallo.

No se puede presuponer, como hacen las defensas, que la información periodística haya sido sesgada o manipuladora de la opinión pública, sino parte esencial de un debate social, que manifiesta los anhelos de justicia de la población; sin perjuicio de las acciones civiles y penales que pudieran derivarse de los atentados puntuales contra la intimidad o los derechos fundamentales de los procesados o de la víctima. Y en cuanto al alegado tratamiento adverso por los medios, es patente que los procesados han podido también intervenir en el debate social y hacer declaraciones exculpatorias”, sostiene la Sala.

Los vídeos: “Pasividad doliente de la denunciante”

En sus apelaciones, las defensas adujeron también que la denunciante prestó su consentimiento a unas relaciones sexuales plenas con los acusados. Insistieron en que la agresión es incompatible con la empatía que ella mostró. Sustentaron el error en la valoración de la prueba en su interpretación de los vídeos.

Para el TSJN, el testimonio de la víctima es “coherente y persistente en la incriminación”.

“Es lógico que en la reiteración del testimonio ante autoridades policiales y en la instrucción, y en su contraste con otros testimonios acusatorios de testigos, peritos o evidencias externas, se pudieran encontrar ciertas diferencias, omisiones o inexactitudes; pero debe ponderarse si afectan a hechos o datos esenciales o nucleares, o si solo conciernen a meras circunstancias periféricas o secundarias”, razonan los magistrados.

“La Sala está plenamente de acuerdo con esta apreciación del contenido de los vídeos. A juicio de la Sala, los vídeos evidencian de una parte la pasividad doliente de la víctima y de otra el abusivo comportamiento de los acusados, que inician sin prolegómeno alguno y desarrollan sin miramiento un atentado contra el derecho a la libre determinación personal de la joven, prevaliéndose de su número y fuerza, escarneciendo su situación de desamparo. Y tras examinar los vídeos se ratifica en la convicción de instancia de que de ninguna manera puede entenderse que se deduzca asentimiento alguno o participación activa de la joven en los inicuos y vejatorios actos que se muestran en las imágenes”, remarca el Tribunal.

La dolorosa postración y humillación de la víctima

El Tribunal ve poco razonable además concluir la falta de conciencia de los cinco en el abuso y humillación que infligen a la víctima. Su defensa había plantaeado que no eran conscientes del estado de sometimiento de la denunciante.

“La laxitud con que los acusados apreciasen el asentimiento de la joven no es tampoco excusa de su lesivo proceder, pues media una prevalente desproporción de fuerzas, una radical inferioridad y en un lugar angosto y opresivo que dificulta su reacción y defesnsa”.Y agregan: ” debían haber comprendido la dolorosa postración y humillación que imponían sobre ella”.

La sutil línea divisoria entre intimidación y prevalimiento

Mayores dudas plantea la existencia de la intimidación, admite la Sala, que explica que la sutil línea divisoria entre la intimidación y el prevalimiento se debate por la jurisprudencia, que distingue entre aprovecharse de unas circunstancias propicias de tiempo y lugar, desnivel notorio que coarta la capacidad de decidir; frente a la inexistencia absoluta de consentimiento, objetivamente perceptible, y causado por fuerza o amenaza de sufrir un mal inminente y grave.

La sentencia recurrida, pondera el Tribunal, no encuentra o sustantiviza en los acusados ningún gesto que acredite una acción intimidatoria y que autorice la calificación de agresión pretendida en los recursos, pues dicha sentencia se limita a decir en los hechos probados que la víctima adoptó una actitud de sometimiento y pasividad.

La mayoría entiende que la calificación agravatoria de los hechos como agresión sexual presupone inferir una fuerza o amenaza, siquiera fuera implícita, que no está explicitada en el relato fáctico de la sentencia recurrida en el juicio a La Manada.

Es cierto que a lo largo de la extensa y pormenorizada sentencia de instancia, apunta la Sala, se vierten expresiones, que entendemos imprecisas, de las cuales se pudiera deducir, como argumentan las acusaciones, la intimidación y aún concertación agresiva y violenta de los acusados, más allá del prevalimiento.

Y en tal sentido, prosigue el Tribunal, el Ministerio Fiscal y las acusaciones van desgranando expresiones netamente coercitivas, como “agazapada, acorralada contra la pared”, “encerrona que habían tendido a la denunciante”, “escenario de opresión”, “atmósfera coactiva”, “lugar recóndito, angosto, estrecho, con una única salida”, etc.

Sin embargo, consideran ahora que dichos términos no pueden sacarse de su propio contexto discursivo, en sede de valoración de la prueba o calificación, cuyo fin primordial es justificar el prevalimiento.

“Deducir la violencia o amenaza de expresiones dispersas a lo largo de la sentencia supondría una inferencia agravatoria”, concluyen.

Otros delitos: robo y grabaciones con el móvil

A uno de los cinco acusados, A. M. G. E., le consideran, además, responsable de un delito de robo con intimidación, por el que deberían imponerle en el juicio a La Manada 2 años más de prisión en lugar de los 900 euros de multa fijados por la Audiencia, por un delito leve de hurto, por quitarle el móvil a la denunciante.

Por último, la Sala envía de vuelta un recado a la Audiencia Provincial, que absolvió a los acusados del delito contra la intimidad por las grabaciones en teléfono móvil, y ordena que, con la misma composición del tribunal, dicte sentencia exclusivamente respecto de este delito.

Todas las partes han anunciado que recurrirán este fallo ante el Tribunal Supremo.

Fuentes jurídicas explican que el Tribunal Supremo en casación penal es “rápido”, por lo que el fallo definitivo estaría listo en menos de un año en el juicio a La Manada.